Cuestionan ley contra bodas gay

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Washington/EFE — La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. cuestionó ayer la constitucionalidad de la ley federal que define el matrimonio como la “unión entre un hombre y una mujer”, al sugerir que el Gobierno no debería regir en el asunto.

El juez Anthony Kennedy, considerado el voto decisivo en caso de empate entre los nueve magistrados, se unió a sus cuatro compañeros del ala liberal en un cuestionario al abogado que apoya la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que impide que los homosexuales casados obtengan beneficios fiscales y de pensiones a nivel federal.

“La pregunta es si el Gobierno federal, en un sistema federalista, tiene la autoridad de regular el matrimonio”, dijo Kennedy, que planteó si el asunto no debería corresponder a los estados.

Ese argumento, y no tanto el de si la ley viola el derecho a la igualdad de los matrimonios gays, fue el más citado por los jueces a la hora de cuestionar la validez de la ley, que el Gobierno estadounidense ya no apoya y que fue defendida en el Supremo por el abogado de un grupo de republicanos de la Cámara Baja, Paul Clement.

La jueza liberal Elena Kagan consideró que la ley de 1996 contiene puntos “preocupantes”, mientras que su compañera Ruth Bader Ginsburg ilustró esas inquietudes con una metáfora.

“Hay dos tipos de matrimonio: matrimonio entero y matrimonio del tipo ‘leche desnatada'”, indicó Ginsburg.

Clement recordó que los 1,100 programas federales que resultan afectados por la definición contenida en la ley se aprobaron pensando en la definición tradicional de matrimonio.

El abogado del Gobierno de Barack Obama ante el Supremo, Donald Verrilli, argumentó por su parte que, a fin de cuentas, hay un sólo razonamiento que sostiene la ley: “la desaprobación moral” de la homosexualidad.

La decisión del Supremo se espera alrededor de junio. En caso de que decida derogar la cláusula de DOMA que originó la demanda, los matrimonios gays comenzarían a recibir beneficios federales, pero no se obligaría a ningún estado que prohíba las bodas homosexuales a permitirlas.

A la audiencia de ayer asistió Edith Windsor, la anciana de 83 años que reclama que le devuelvan los impuestos que tuvo que pagar por no reconocerse su matrimonio homosexual a nivel federal, y también Tammy Baldwin, la primera senadora abiertamente gay de EE.UU.