La batalla Legal de los trabajadores temporales

La batalla Legal de los trabajadores temporales
Trabajadores agrícolas recogen berenjenas Green Pepper Farms, un rancho en Delray Beach, Fla. El récord de demandas por engaños y falta de pago ha sido un problema para trabajadores temporales.
Foto: AP

WASHINGTON, D.C.— “Cuando llegué a Arkansas, tuve el trabajo más duro de mi vida: el campo. Era tan fuerte, que la gente vomitaba o se desmayaba por el calor. El capataz nos trataba como animales. Ganábamos 50 dólares por día en jornadas que podían llegar a las 18 horas”.

“Vivíamos hacinados. No reclamábamos por temor o ignorancia. Como trabajadores temporales estamos expuestos a la explotación, violencia y tráfico humano”, cuenta Blas Burboa Leyva, quien laboró para la firma empaquetadora de tomates Candy Brand, bajo una visa H2A en 2005 y 2006.

Las palabras de este joven (27), tienen más peso que nunca en el Capitolio cuando sindicatos y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, tras un agrio desacuerdo, lograron un pacto sobre el flujo futuro de trabajadores en el contexto de una reforma migratoria.

El récord de demandas y problemas asociados a los programas temporales no han pasado inadvertidos.

Desde 2005, centros como Southern Poverty Law Center (SPLC) han liderado más de 10 acciones legales de gran envergadura en contra de estos programas -la mayoría aún en curso-. Las demandas han incluido casos emblemáticos como “Escolastico De Leon-Granados v. Eller and Sons, Inc”, un litigio de acción colectiva donde un grupo de trabajadores temporales de México y Guatemala, encargados de plantar pinos, no recibió los salarios acordados. La compañía pagó 11.8 millones de dólares en compensaciones.

En particular, el caso de Burboa estaba incluido en la demanda “Rosalino Perez-Benites v. Candy Brand”, otro litigio de acción colectiva que representó a más de 1,500 trabajadores e implicó cerca de 2 millones de dólares, asociados a engaños en los salarios.

James Knoepp, subdirector legal del Proyecto de Justicia Inmigrante, en SPLC, estimó que se han obtenido, al menos, 20 millones de dólares en demandas relacionados a violaciones laborales bajo el marco de la visa H2 durante los últimos ocho años.

“La gente se ha dado cuenta que tienen derechos. Ahora los trabajadores reciben información en los consulados cuando obtienen sus visas. Sin las acciones legales tendríamos una expansión de estos programas sin ninguna vigilancia. Pero es debatible si eso ha reformado las prácticas en las industrias involucradas”, aseguró.

Gregory Schell, abogado de la firma Florida Legal Service, parte del Proyecto Migrant Farmworker Justice, tiene 33 años de experiencia en casos relacionados con H2. En este periodo ha manejado al menos 100 casos en las cortes, además de los que se han resuelto en privado.

“Un 75% de las acciones legales que hemos procesado se encuentran relacionadas con problemas en los salarios”, explicó.

“La tendencia que vemos ahora, es que para no tomar responsabilidad y no verse involucrados en demandas, las empresas trabajan con contratistas, que son quienes emplean a los trabajadores temporales. Ellos no tienen dinero para responder, cuando hay problemas”, dijo.

“En Florida, un 90% de las empresas utilizan esta fórmula y ahora estamos tratando de pelear esto en las cortes y que se reconozca la responsabilidad de la compañía que contrata”.

Uno de los casos más populares en los últimos años fue Kurian David vs. Signal International. Organizaciones como ACLU y SPLC intentaron ganar la categoría de acción colectiva para defender a 500 trabajadores indios que fueron traídos para trabajar como soldadores en astilleros.

“24 hombres vivían en un solo trailer. Fueron engañados con la promesa de que obtendrían la residencia permanente. Ni siquiera eran llamados por sus nombres, sino con un número”, aseguró Chandra Bhatnagar, abogado de ACLU, quien representa a los trabajadores.

Pero en 2012 las cortes negaron la clasificación de acción colectiva. “Desde que recibimos la decisión nos hemos organizado para que tengan asesoría individual. Muchos de ellos vinieron en 2006 y 2007 y no han podido retornar a sus países. No han visto a sus familias. Es muy difícil continuar esta lucha”, comentó.

“Ahora estamos tratando de coordinar para que todas las acciones legales asociadas con este caso se presenten al mismo tiempo. Todavía pensamos que cientos de trabajadores seguirán adelante”, dijo.

Se espera que los senadores que integran el “Grupo de los 8” presenten un proyecto de ley para una reforma migratoria, que incluya un nuevo programa de trabajadores temporales.