¿De inclusión o de seguridad?

La propuesta del Senado en cierto modo otorga concesiones a ambas posiciones extremas

Inmigración

El proyecto de ley para reformar el sistema de inmigración ya está en el Congreso y arranca con una serie de audiencias en el Senado durante las próximas cuatro o cinco semanas (que iniciaron ya) con el propósito de que los senadores expresen su satisfacción o inconformidad. Pero que no llevará a ningún cambio en el proyecto hasta que llegue la etapa de negociar la versión final, con enmiendas, para su aprobación.

Cabe señalar que las reformas son vitales para cambiar lo que no trabaja bien, y se realizan con el objetivo de superar los efectos perniciosos que esa situación genera.

Debe examinarse, desde luego, de qué tipo de reformas se trata, pues cada marco conceptual define el problema a su manera y, por lo tanto, define las soluciones necesarias para solucionar tal problema.

La propuesta de ley bipartidista llamada “Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act”, impone un órden de prioridades muy claras. La primera condición es que se pongan en práctica las medidas de control en la frontera sur con México. Por otro lado se destina presupuesto para seguir con el plan de control fronterizo: construcción del muro, más agentes (3 mil 500), incremento de vigilancia terrestre y aérea, así como autorización para que la Guardia Nacional se incorpore al proceso de control, es decir, mayor militarización de la frontera con México, incluido el uso de drones.

“Debemos lidiar con la realidad de que aquí hay millones de personas viviendo ilegalmente”, afirmó el senador Marco Rubio.

De ahí su insistencia de ligar cualquier paso hacia la legalización al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de seguridad. Los medidores incluyen un control “efectivo” de las zonas de “alto riesgo” de la línea fronteriza y la detención del 90% del flujo humano en esas mismas zonas, antes de que cualquier indocumentado pueda solicitar la residencia permanente (la tarjeta verde).

El nuevo estatus de los migrantes indocumentados que hagan el trámite se llamará Registro Provisional de Estatus Migratorio (RPI) y se condicionará a la comprobación y puesta en práctica de todas las medidas de control fronterizo, que son la prioridad número uno.

Pero no todo es “seguridad” en la propuesta. La ley, por ahora, se caracteriza también por su “inclusión”, compone el sistema y permite que la gente inmigrante continúe con su vida. “A quien ha tenido que vivir sin derechos, en condiciones horribles por 10 o 20 años, no le importa si tiene que esperar 10 o cinco años para lograr su residencia permanente”, dice el especialista en políticas migratorias, Demetrios Papademetriou.

Con la fecha límite del primero de enero de 2012 (o sea, que sólo quienes llegaron antes al país tendrán derecho a participar en el proceso de legalización) probablemente deja fuera a unos 200 mil (de los 11 millones), si se aprueba la ley este año.

A diferencia de la legislación de 1986, del gobierno de Ronald Reagan, de establecer una fecha límite que dejó fuera a millones del programa de legalización, lo que provocó que muchos inmigrantes continuaran en las sombras.

Las cuotas y multas para el proceso de legalización de inmigrantes sin documentos no son exageradas, 500 dólares para empezar, otros 500 tal vez en seis años más, y para los 13 años podría llegar a un total de 2 mil (Las propuestas en 2007 eran hasta de 10 mil).

Un elemento muy positivo es la redefinición de unidad familiar que ofrece juntar a los esposos/as e hijos menores de edad de los solicitantes con la residencia permanente

Aún más loable es la previsión de que aquellos deportados por violaciones no criminales podrán solicitar de nuevo su retorno legal

Otra medida dentro de la iniciativa de ley —la cual tiene cientos de páginas— son los nuevos programas de trabajadores huésped.

Pero que, considerando el crecimiento y la lenta creación de empleos en el país, lo único que podría ser aprobado ahora, es una fórmula para incrementar los números de trabajadores huésped en fases, dicen los expertos.

Pero enfatizan: unos 600 mil y pico de trabajadores agrarios serán legalizados, y aunque se incorporan al programa huésped de estancia temporal, tendrán el derecho de solicitar la residencia permanente si se mantienen en trabajo agrario durante cinco años.

Esta propuesta de ley no satisface a todos y en cierto modo otorga concesiones a ambas posiciones extremas: una a favor de la regularización amplia y otra a favor de medidas de control extremo.

Y es que la negociación obviamente no fue sólo entre los ocho senadores de ambos partidos que lo elaboraron, sino que en el texto de casi 900 páginas se puede ver la huella de un número significativo de intereses externos (al gobierno) y una extensa participación de la Casa Blanca.

Todos entienden que esto es un proyecto de ley complejo y enorme, que será sujeto a todo tipo de ataques, “pero que se debe aprobar en la cámara alta antes del receso legislativo de verano (finales de julio), o de lo contrario puede deshacerse, al quedar expuesta a toda suerte de maniobras políticas si queda pendiente”, advierte Papademetriou.

Lo vimos esta semana,cuando sectores ultraconservadores pretendían usar los ataques de Boston para descarrilar la iniciativa en el Congreso