La pena de muerte

Un proyecto de ley busca revivir el controvertido castigo capital

California

La pena de muerte es uno de esos temas en los que muchos tenemos criterios encontrados. Hay muchas consideraciones de tipo moral y religioso, de carácter legal, e inclusive de orden económico.

¿Tenemos los seres humanos el derecho a quitarle la vida a otra persona? ¿Es constitucional la pena de muerte?

¿Es la pena de muerte en realidad un método que sirve para disuadir a otros de cometer ciertos delitos?

¿Castiga la pena de muerte de manera desproporcionada a las minorías que carecen de medios económicos para contratar una buena defensa criminal?

¿Es la pena de muerte un medio retributivo o una forma de venganza?

¿Qué ocurre cuando se castiga a un inocente?

¿Es razonable gastar millones de dólares de los contribuyentes para llevar adelante un caso de pena de muerte?

Estos son cuestionamientos que todos debemos hacernos.

Desde 1967 el Estado de California ha realizado 13 ejecuciones, y en Noviembre de 2012, el 48% de los californianos votaron por la proposición 34 que patrocinaba la abolición de la pena de muerte en el Estado. Actualmente el método empleado por California para las ejecuciones es la inyección letal. La pena de muerte en California se encuentra en un estado de moratoria desde el 2006, año en el que se llevó a efecto la última ejecución, y en el que un juez federal ordenó que se detenga la práctica debido a que esta última ejecución fue manejada de manera muy poco “profesional” y la agonía del condenado fue larga y cruel.

En estos días se reavivan los debates sobre la pena de muerte ya que la Asociación de Fiscales de California ha presentado, a través del senador por San Diego Joel Anderson, el proyecto de SB 779 que entre otras cosas plantea lo siguiente:

Regresar a la antigua práctica del uso de la cámaras de gas para llevar a efecto las ejecuciones; limitar el número de apelaciones a las que tiene derecho los condenados a muerte; reducir los términos del proceso de apelación; eximir las regulaciones y controles respecto de las drogas y substancias utilizadas para las ejecuciones; y, limitar el acceso público a la identidad del personal médico involucrado en las ejecuciones.

La última ejecución en California con gas de cianuro se realizó en 1993. En 1994 un juez federal determinó que la ejecución en la cámara de gas violaba el derecho garantizado en la Octava Enmienda referente al uso de castigo cruel e inusual.

La propuesta actual planea la utilización de un gas diferente que podría ser helio o nitrógeno que en lugar de envenenar al reo, causaría sofocación y asfixia, método que dicen quienes apoyan la medida es indoloro.

Además se le concedería al reo el derecho a elegir entre la cámara de gas y la inyección letal, pero con la salvedad de que si por alguna razón el procedimiento de la inyección letal no está disponible se utilizaría el método alternativo.

Mañana el Comité Judicial del Senado va a iniciar los debates sobre el proyecto de ley, sería conveniente que los residentes del Estado nos mantengamos atentos y vigilantes ante un tema que definitivamente es muy complejo.