Derechos a detenidos

Derechos a detenidos

La Constitución de los Estados Unidos garantiza que los procesados por alguna violación a la ley, tienen derecho a un proceso ordenado y justo. Para muchos detenidos por el sistema civil de los tribunales de inmigración, esos derechos no se aplican. Es por eso que nos satisface la reciente decisión de un tribunal federal en la demanda Franco-González vs Holder, en la que la corte ordenó que los detenidos por las autoridades de inmigración que sufren de discapacidades mentales deben tener representación legal proporcionada por el gobierno.

El caso de José Antonio Franco, cuyo nombre encabeza la demanda, no es el único pero sí es lo suficientemente impactante como para ilustrar la poca humanidad del sistema de justicia migratorio en los Estados Unidos. El residente de Costa Mesa, de 32 años de edad y la edad mental de un niño debido a una discapacidad cognitiva, pasó más de 5 años en 4 diferentes centros de detención del Sur de California, sin ir a corte o recibir una audiencia, hasta que un oficial de deportación se apiadó de su caso y llamó a la organización de asistencia legal, Public Counsel.

Franco no sólo fue procesado por un delito criminal y convicto a un año de prisión, por estar en medio de una disputa de pandillas y a pesar de su discapacidad mental, sino que cuando fue entregado a las autoridades migratorias tras cumplir su condena en el condado, un juez de inmigración dictaminó que no tenía la capacidad de entender el proceso de deportación y decidió no deportarlo. Pero en vez de liberarlo a su familia, su madre María, alguno de sus 11 hermanos, lo encerraron en centros de detención del sur de California, donde se olvidaron de él y nunca más le ofrecieron un día en la corte o una nueva audiencia.

La deshumanidad de ese hecho es monstruosa, y poco digna de un país desarrollado como el nuestro. Franco podía haber languidecido por muchos años más en esa situación si es que abogados de organizaciones no lucrativas no se hubieran enterado de su caso. Otros detenidos como él también son nombrados en la demanda.

Es preciso hacer cambios al sistema de inmigración de los Estados Unidos. El proyecto de ley de reforma migratoria presentado recientemente por 8 senadores, incluye un mandato al gobierno federal de proporcionar defensa migratoria en casos de deportación de niños, personas discapacitadas mentales y otros inmigrantes vulnerables. Es hora de que nuestro sistema migratorio llegue al Siglo XXI y deje de violar sistemáticamente los derechos humanos y civiles.