Vecinos imparten justicia a la usanza indígena en Guerrero

EL PARAÍSO, México.— En la cima de una vereda terregosa que zigzaguea entre la sierra por una tupida vegetación, se encuentra un símbolo de identidad indígena del estado de Guerrero: la Casa de Justicia, donde se concentra a los malhechores de más alto rango.

Este pequeño poblado de apenas 570 habitantes—ubicado a unos 150 kilómetros del puerto de Acapulco—por ahora tiene a 20 hombres acusados de asesinato, extorsión, secuestro y venta de droga en fiestas de bodas, en cumpleaños y hasta en las patronales, con el santo enfrente.

Mientras algunos de ellos barren el patio bajo el sol que quema hasta los huesos, son vigilados por policías comunitarios y ancianos mixtecos que diariamente se ofrecen como voluntarios, vestidos de manta, calzados con huaraches, fusil al hombro.

Este sistema de vigilancia se repite en las cuatro casas que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) habilitó como cárceles al amparo de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Hay muchas otras en 130 comunidades, pero son para delitos menores, robos, violaciones, fraudes.

Aquí los “malos” están a la espera de una sentencia que emitirá un tribunal comunitario en asamblea. Después regresarán al lugar donde cometieron el delito para cumplir el “correctivo” que no siempre es por el mismo tiempo, aunque sea el mismo delito.

“Depende de cómo lo juzgue el pueblo”, precisa Arturo Campos, responsable de la casa de Justicia en El Paraíso, que abrió en 2012.

Campos es un activista que impulsó hasta los tribunales internacionales las denuncias por las violaciones tumultuarias de soldados contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en la montaña, donde el acoso a los defensores de derechos humanos es el pan de cada día.

Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 líderes de diversas organizaciones que han exigido abusos contra la injusticia en la región del empobrecido estado, donde siete de cada 10 habitantes no cubre sus necesidades básicas.

“El sistema de justicia de los pueblos es más eficiente”, concluyó Campos. “Los jueces y ministerios públicos venden por unos cuantos pesos las averiguaciones previas, la investigación, al mejor postor”.

Un reo al que apodan “El Papas”, de 25 años, identificado por diversos testigos como el “descuartizador” del crimen organizado en Ayutla, la cabecera municipal, tendría la capacidad económica para sobornar a quien lo capturara, cita por ejemplo, pero cayó en manos de los policías comunitarios.

Ahora el joven acusado se asoma ahora desde dentro de casa de justicia, una bodega larga y ancha con pequeñas ventanas abarrotadas, y espera. ¿Cuál será su castigo? Nadie sabe.

El Sistema de Justicia y Reeducación de la CRAC no tiene un registro público con el número e información de los detenidos ni del tipo de sanciones desde que en 1998 tomó la decisión de no entregar a los detenidos por policías comunitarios.

Ignacio Navarro, consejero regional de San Luis Acatlán, donde se encuentra otra de las casas de justicia, asegura que los castigos siempre son de trabajo a favor de la comunidad.

Podría construir calles, drenajes, banquetas o pintar iglesias vigilados por guardias comunitarios. A los criminales que juzgan por delitos menores, por ejemplo, se exhiben con una banda de música por todo el pueblo. “Si en casa no supieron educarlo, el sistema indígena cree que es deber social reeducarlo”.

A su modo.