Proteger la transparencia

El presupuesto estatal perjudica el acceso del público a la información del gobierno

La transparencia en el gobierno estatal permanece como una de las víctimas de los recortes de presupuesto estatal. Los planes de gastos del gobernador Jerry Brown todavía continúan excluyendo fondos en este rubro, perjudicando el acceso a información por parte de los ciudadanos y contribuyentes.

En esta ocasión el gobierno estatal quiere ahorrar unas decenas de millones de dólares quitándole el dinero al gobierno local —que hasta ahora recibe— para cubrir los gastos cuando una persona solicita información bajo la Ley de Archivos Públicos. De esta manera, le quita la obligación al gobierno local de responder afirmativamente a la petición.

Algo parecido ocurrió el año pasado cuando para ahorrar cerca de 20 millones de dólares se redujeron las obligaciones impuestas por la leyes de reuniones abiertas. En consecuencia ya no es obligatorio anunciar con tres días de antelación cuando se realiza una reunión pública.

La administración Brown asegura que no quiere tener un impacto negativo con estos recortes, afirmando que tanto el aviso con antelación como el acceso a información deben ser “prácticas de buen gobierno.”

Es cierto, pero ya está establecido que sin dinero estatal estos son mandatos sin fondos, por lo tanto las ciudades no están obligadas a seguirlo. Esta libertad de acción permite obstaculizar el acceso del público a información y, ya sabemos, como el caso de la ciudad de Bell, lo que ocurre en un gobierno a puertas cerradas.

Además, en 2011 Brown eliminó el sitio web dedicado a la transparencia para distribuir la información entre otros sitios oficiales. Mientras que este año el Fondo Educativo U.S.PIRG colocó a California en el penúltimo puesto, entre los estados de la nación, en la falta de transparencia en el gasto gubernamental.

Es muy preocupante que la importancia de la transparencia gubernamental se vaya devaluando con el argumento del déficit. Es peligroso considerar el acceso ciudadano a la información únicamente como un costo más, que es recortable. La experiencia indica que es imprescindible la fiscalización de las autoridades por parte del público para mantener honestos a los funcionarios públicos; por eso es necesario reforzar este régimen vez de desmantelarlo.