Bell tiene una deuda millonaria por servicios legales

El ayuntamiento de Bell tiene una factura por servicios de abogados que es cuatro veces mayor que lo presupuestado

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Bell tiene una deuda millonaria por servicios legales
Para el grupo BASTA, afiliado a la alcaldesa, la queja de Quintana es parte de un "pleito político"
Foto: La Opinión

Tener en el buzón una factura de 1.1 millones de dólares por servicios legales, cuatro veces más de lo presupuestado, ha desatado una nueva polémica en el gobierno de Bell, que aún trata de sacudirse la estela de corrupción que dejó la administración anterior.

Todo ha salido a la luz por reportes financieros solicitados por la vicealcaldesa Ana María Quintana, los cuales revelan que no sólo se ha excedido el tope de gastos en ese rubro, sino que se amplió el déficit de un municipio cuyos problemas financieros siguen sin ser cuantificados.

Hasta el mes de mayo, el ayuntamiento de Bell había contraído una deuda de $674,000 con el bufete de abogados Aleshire & Wynder, tras hacer un acuerdo verbal para no cobrar dicha suma hasta conocer el resultado de demandas que podrían generar ingresos a la Ciudad.

Al finalizar el ciclo 2012-2013, la firma legal calcula que se habrá acumulado una cuota de alrededor de $1.4 millones, aunque el Concejo de Bell sólo aprobó gastar $300,000 en ese período. Su presupuesto total es de casi 12 millones de dólares.

Quintana reclama que tuvo que hurgar en los libros fiscales del municipio y pedir reportes para dar con estos números, algo que considera inapropiado para un municipio que trata de alejarse de la era del administrador Robert Rizzo, quien llegó a ser el funcionario público mejor pagado del país.

“En una ciudad que está en trámites de transparencia este tipo de negociación no es permisible”, dijo Quintana a La Opinión. ¿Por qué estamos pagando tanto? Los costos son astronómicos. A la ciudad le están dando un crédito que ni siquiera sabemos en qué consiste, ese es el problema, cómo lo vamos a pagar, con qué intereses, yo hasta la fecha no lo sé”, comentó la funcionaria.

Lejos de preocuparse por el adeudo, dos de sus colegas y el gerente de la Ciudad, Doug Willmore, agradecen al bufete por congelar el cobro de honorarios. “Ese gasto de más de un millón de dólares se obtendrán de acuerdos legales y la gente verá que fue una decisión sabia”, dijo Willmore.

La alcaldesa de Bell, Violeta Álvarez, explica que las cuotas han escalado por las 66 querellas que ha enfrentado ese gobierno desde 2011. “Tenemos demandas de la A a la Z y todavía podemos inventarle letras al alfabeto. Hay muchas demandas que ya están casi a punto de ser resueltas, donde tenemos la posibilidad de tener una recompensa económica”, señaló.

Mientras que el concejal Ali Saleh confía en que ese dinero llegue y no tengan que recurrir a un plan B. “Tengo fe en que saldremos de esto”, comentó.

A falta de una procuraduría propia y ante el escándalo de corrupción, la ciudad de Bell contrató en julio de 2011 al bufete Aleshire & Wynder (que también tiene contratos con los ayuntamientos de Carson, Lynwood y Bellflower) para recibir asesoría legal y atender la ola de querellas, investigaciones y auditorías que tocaron las puertas de esa localidad, habitada mayormente por hispanos.

David Aleshire, representante de la firma, negó que haya un cobro adicional para Bell y dijo que incluso bajaron la tarifa en su primer año de servicio. “Asumimos el riesgo de no colectar ese dinero. Somos parte del equipo que queremos ver justicia en la comunidad”, señaló.

Para Denisse Rodarte, vocera de la Asociación para Detener el Abuso en Bell (BASTA), grupo del cual surgieron la alcaldesa Álvarez y el concejal Saleh, la queja de Quintana es parte de un “pleito político” .