Apelan fallo ante la Corte Suprema

Declaran inconstitucional reforma judicial pedida por el Ejecutivo

BUENOS AIRES, Argentina (AP).— El Gobierno apelará ante la Corte Suprema el fallo judicial que declaró inconstitucional parte de una controvertida reforma judicial que contempla la conformación mediante el voto popular del órgano que elige y remueve a los jueces.

El ministro de Justicia Julio Alak anunció ayer miércoles que el Ejecutivo presentará ante el máximo tribunal un per saltum, es decir una apelación que se salta una instancia intermedia, en rechazo al fallo de la víspera de la jueza María Servini de Cubría quien se pronunció en contra de una ley recientemente aprobada en el Congreso que contempla una nueva conformación del Consejo de la Magistratura.

Esa norma integra una amplia reforma judicial cuestionada por la oposición y asociaciones de abogados y magistrados y defendida a ultranza por la presidenta Cristina Fernández, quien considera que “democratizará” la justicia y terminará con los “intereses” de “las corporaciones” de jueces del país.

“Creemos que debemos ir por la vía del per saltum porque hay gravedad institucional en la medida, porque se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de derechos soberanos”, afirmó Alak a radio Continental. El Gobierno haría la presentación judicial entre ayer miércoles y mañana viernes.

El ministro aseguró que al presentar el recurso el fallo de Servini de Cubría “queda suspendido y la ley sigue vigente”. El máximo tribunal deberá decidir si acepta o no el per saltum. Días atrás, la Presidenta volvió a hacer una encendida defensa de la reforma judicial y criticó a algunos integrantes de la Corte Suprema.

El senador oficialista Aníbal Fernández dijo en tanto a radio La Red que la decisión de Servini de Cubría se enmarca en “la pretendida vocación” de los magistrados “de gobernar… menospreciando las decisiones democráticas”.

Servini de Cubría falló sobre dos recursos de amparo presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y el Partido Demócrata Cristiano. El fallo de la jueza es el primero que resuelve sobre el fondo de la ley ya que hasta el momento varios jueces habían dictado medidas cautelares que suspendían su aplicación.

La norma establece que el órgano de selección de magistrados pasará a tener 19 miembros —de los 13 actuales— y que jueces, académicos y abogados no serán elegidos por sus pares, sino por el voto de los ciudadanos, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

Pero Servini de Cubría, una jueza federal con competencia electoral, consideró inconstitucional la conformación del Consejo con 19 miembros y que los ciudadanos elijan mediante su voto a los consejeros abogados, jueces y académicos porque “resulta totalmente incompatible con la necesaria independencia política que debe demostrar todo magistrado”. Además anuló el decreto de convocatoria de las elecciones en la categoría de consejeros.

Dicho decreto convoca al electorado a las elecciones primarias de 11 de agosto para elegir a los candidatos a consejeros y también convoca al electorado para que el 27 de octubre proceda a elegir a los miembros de dicho órgano en el marco de los comicios legislativos en los que se renovará el Parlamento, donde el oficialismo tiene hoy el control de ambas cámaras.

El Ejecutivo había ratificado el martes que las elecciones primarias se realizarán el 11 de agosto más allá de la decisión que pudiera tomar la justicia sobre la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Los críticos afirman que la ley busca que el partido que gane las elecciones se asegure la mayoría de los miembros del Consejo y poder así elegir jueces afines y allanarse el camino para destituir a magistrados críticos del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que “la soberanía popular” se hará patente con la elección de los consejeros y la participación popular contribuirá a “democratizar” el Poder Judicial.