Juez espera acuerdo sobre el caso Arpaio

Pide se resuelvan polémicos puntos sobre detenciones
Juez espera acuerdo sobre el caso Arpaio
Varias personas sostenían carteles contra la deportación ayer afuera de una corte federal en Phoenix, Arizona, durante una sesión judicial sobre los cambios que la Oficina de Joe Arpaio debe realizar.
Foto: EFE

PHOENIX, Arizona.— Un juez federal, el cual había dicho en un fallo que la oficina del jefe policial Joe Arpaio ha efectuado acciones dirigidas específicamente contra hispanos, dio hasta agosto a las partes involucradas para que resuelvan los puntos en controversia.

Los abogados de la oficina del sheriff Arpaio, ubicada en el condado de Maricopa, Arizona, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aceptaron ayer trabajar en la búsqueda de una solución. El 30 de agosto, el juez decidirá si el caso procede para juicio.

En mayo, el juez federal Murray Snow determinó que la oficina de Arpaio —quien se describe como el jefe policial más estricto de Estados Unidos— ordenó patrullajes de inmigración dirigidos sistemáticamente contra hispanos, en lo que constituye la primera conclusión de un tribunal de que la agencia ha obrado específicamente contra personas por su apariencia racial.

El juez emitió esa decisión después de que un grupo reducido de hispanos presentara una demanda contra la oficina del jefe policial.

Arpaio, que cumplió el viernes 81 años y se ha desempeñado en el cargo seis periodos, tiene previsto oponerse al nombramiento de un supervisor por parte de la corte. Objetó el año pasado al supervisor que nombró la corte cuando el Departamento de Justicia federal presentó acusaciones similares contra la agencia, de que efectuaba acciones dirigidas contra personas por su aspecto racial.

El jefe policial además argumentó en su objeción que permitir a un supervisor significaría que cada decisión política tendría que recibir la autorización de un observador y eso le anularía la autoridad. El fallo no impide que Arpaio haga cumplir las leyes de inmigración del estado, pero le impone una lista larga de restricciones a sus patrullajes de inmigración, como prohibiciones de que utilice el factor racial para decidir la detención de un vehículo con un ocupante hispano y para decidir la detención de pasajeros en un vehículo que sean hispanos solo por la sospecha de que carezcan de permiso para estar en el país.

El caso se centró en hispanos que iban en vehículos a los que se detuvo durante patrullajes rutinarios de tránsito y en redadas.