Villaraigosa deja una ciudad más segura

Una serie especial de La Opinión mira el estado de la ciudad de Los Ángeles a pocas semanas de que Villaraigosa deje su puesto en la alcaldía
Villaraigosa deja una ciudad más segura
El programa de intercambio de armas de fuego por cupones de tiendas fue una de las iniciativas de la Administración de A. Villaraigosa (centro) para reducir la violencia en las calles de Los Ángeles.
Foto: La Opinión - J. Emilio Flores

Una ciudad de Los Ángeles más segura, un departamento de Policía (LAPD) más grande, diverso y menos hostil, y programas antipandillas que se están replicando en otros países, son la principal herencia en el área de la seguridad pública que deja el alcalde Antonio Villaraigosa, coinciden expertos.

“Quizás sea el área de la cual él se sienta más orgulloso”, dice Connie Rice, fundadora de Advancement Project, organización que en 2007 impulsó la creación de una entidad enfocada en atender los barrios más golpeados por las pandillas, pero con menos fuerza policiaca y más programas sociales.

Antes de eso, la Ciudad emprendió por treinta años una guerra frontal contra esas bandas que no vio frutos. Hoy, la Oficina de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil (GRYD) dirige a 1,200 interventores que trabajan como “pacificadores” y proyectos como Luces de Noche en el Verano (SNL), que extiende las horas de servicio en parques para actividades juveniles.

“Siguieron la lógica de que la prevención es la mejor inversión”, señala el autor y activista Randy Jurado.

Disminuyeron los pandilleros y los asesinatos en los últimos siete años

Los frutos son evidentes: la cantidad de pandilleros registrados bajó de 100 mil a 45 mil y los asesinatos ligados a éstos cayeron un 66%, pasando de 87 a principios de 2005 a 29 este año.

Otro plan con buenos resultados ha sido el intercambio de armas de fuego por cupones de tiendas. En los últimos años se han recibido más de 11 mil armas, incluyendo rifles de asalto y bazucas.

En general, el 2012 cerró con 298 homicidios, 39% menos que hace ocho años.

Todo ocurrió de la mano de un alcalde que defendió el presupuesto del LAPD (que absorbe el 28% del fondo general de la Ciudad) por encima de otros servicios locales y que no descansó hasta tener 10 mil policías, aunque lo logró sumando agentes del Departamento de Servicios Generales (DGS).

“Es muy claro que ese compromiso y esa inversión han regresado grandes dividendos a la gente de Los Ángeles […] dándole a la ciudad una estabilidad que atrae a turistas, negocios y estudiantes”, celebra Bill Bratton, quien fue jefe del LAPD de 2002 a 2009, abarcando el primer término de Villaraigosa.

A Bratton se le atribuyen varias de las reformas en una corporación que recibió cuando cargaba con la sombra de las revueltas de 1992 (desatadas por la golpiza propinada al afroamericano Rodney King) y el escándalo de corrupción en la estación Rampart, que vigila la zona de MacArthur Park.

Algunos de estos cambios son el “patrullaje comunitario” y la diversificación étnica del LAPD.

“Ha disminuido el antagonismo, antes se veía a la Policía como una fuerza armada que llegaba a ocupar las áreas pobres”, expone Jurado.

Bratton otorga a Villaraigosa el éxito de la mejora en la seguridad

Bratton cede el crédito a Villaraigosa. “Lo ha convertido en un departamento con una minoría que es mayoría”, dice refiriéndose a los latinos que desde 2008 constituyen la mayor parte del LAPD.

Jurado cree que el viraje también fue impulsado desde los tribunales, mientras que el activista Earl Ofari Hutchinson atribuye una parte a los grupos civiles. “Los cambios iniciaron mucho antes de la llegada de Villaraigosa […] él sólo siguió el camino”, subraya.

Si bien la policía angelina recién se liberó de la supervisión federal por el escándalo de Rampart, aún queda mucho por hacer dentro de la agencia. Al siguiente alcalde, Eric Garcetti, le tocará lidiar con los casos de abuso policiaco, millonarias demandas derivadas de estos y quejas por perfil racial.

“Muchas familias se van a otras ciudades, como Maywood, porque están hartas de que la Policía detenga a sus hijos sólo porque son latinos”, reclama el líder comunitario Carlos Montes.

El actual jefe del LAPD, Charles Beck, ha estado detrás de políticas que favorecieron a los inmigrantes, como la cancelación de los decomisos de vehículos por 30 días a los conductores sin licencia de manejo y la modificación del protocolo de colaboración con la Oficina de Control de Inmigración (ICE).

Algunos sostienen que esto ha liberado algo de la tensión tras las agresiones en una marcha proinmigrante en 2007 y la muerte del guatemalteco Manuel Jamines hace tres años, luego que la actuación del LAPD fuese defendida por Beck y Villaraigosa antes de concluir la investigación de la Comisión de la Policía.

“[El alcalde] ha estado conmigo en las cosas que apoyan los derechos de los inmigrantes”, dice Beck.

Rice cree que la confianza ganada en esa comunidad choca con la actitud del Gobierno federal. “Los inmigrantes aún deben aprender que pueden pedir ayuda a la Policía sin enfrentar una deportación”.