Victoria de la democracia

Los votantes obtuvieron un importante triunfo ayer con el fallo de la Suprema Corte de Justicia estableciendo que los estados no pueden imponer sus propias condiciones para votar.

El que Arizona no pueda exigir pruebas adicionales de ciudadanía, más allá del cuestionario establecido por la la ley federal, es un revés para los estados que han establecido normas para combatir un problema prácticamente inexistente como es el voto fraudulento de personas que no son ciudadanas.

La Proposición 200, que fue anulada por el Alto Tribunal, surgió en medio del momento político antinmigrante en Arizona ante la supuesta amenaza de la presencia de indocumentados que se hacen pasar por ciudadanos. No hay prueba alguna de que esto haya sucedido. Es más, los estudios sobre fraude electoral se han centrado en otras áreas problemáticas, como el voto por correo, pero han considerado irrelevante la personificación de una ciudadanía.

Las leyes de iniciativa electoral proliferaron en estados como Alabama, Kansas y Georgia, donde legislaturas republicanas utilizaron el supuesto peligro de los indocumentados a la democracia para imponer sus restricciones.

En realidad, este tipo de medidas es la verdadera amenaza a la democracia. Está comprobado que al establecerse más requisitos a la hora de votar se dificulta la participación de los afroamericanos, de las personas de la tercera edad y de los más pobres. En este caso los inmigrantes son la excusa para desalentar un electorado que es visto como mayormente demócrata.

El fallo judicial señaló que hay un camino para que los estados peticionen cambios, aunque difícilmente sea aceptada la intención política de utilizar como chivos expiatorios a los indocumentados para reducir la participación electoral. Esta decisión es una victoria de la democracia y una derrota al movimiento antiinmigrante.