Debate sobre espionaje

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Desde que el gobierno de George W. Bush implementó la llamada Ley Patriota nos quedó claro que éste tendría amplia autoridad para obtener las grabaciones de conversaciones telefónicas y copias de mensajes por Internet que considerara relevantes para llevar a cabo investigaciones relacionadas con actos terroristas.

Pero lo que no sabíamos a ciencia cierta era el alcance de las autoridades para llevar a cabo esta tarea. Edward Snowden nos confirmó los temores que algunos habían expresado ya desde hace tiempo: que la administración de Obama no sólo incumplió su promesa de limitar el alcance de la Ley Patriota sino que la amplió al punto que ahora el gobierno tiene carta blanca para espiar la vida de cualquiera de nosotros, aun sin que seamos objeto de alguna investigación o exista la sospecha de que estemos conectados con grupos terroristas o nos dediquemos a tareas ilícitas.

Este es justamente el punto que debería preocuparnos a todos y en el que debería centrarse la discusión actual sobre las revelaciones de Snowden, quien al momento de escribir este artículo es buscado por cielo, mar y tierra por el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de violar la Ley de Espionaje y ha revocado su pasaporte para llevarlo a juicio.

Aunque el gobierno alega que sus programas de espionaje, que incluyen prácticamente a todos los ciudadanos de este país, son necesarios para descubrir conspiraciones terroristas, hasta ahora no ha mostrado evidencia alguna que sustente la legalidad de estas actividades, que obviamente ponen en serio riesgo el derecho a la privacidad de la que supuestamente deberíamos gozar todos los ciudadanos estadounidenses.

Hasta ahora, el gobierno se ha concentrado en condenar a Snowden y calificarlo como traidor por sus escandalosas revelaciones, pero ha fallado en ofrecer a la ciudadanía e incluso al Congreso una explicación amplia sobre el alcance de sus actividades de espionaje. Por esa razón, el mismo Obama ha reconocido que se necesita iniciar un debate sobre hasta qué grado los esfuerzos contra el terrorismo han minado la privacidad de los estadounidenses.

Pero no sólo se debería discutir ese aspecto. Como bien lo manifestó hace unos días la organización Human Right Watch, se debería debatir también cómo proteger a los informantes que revelen abusos del gobierno. En una sociedad democrática, las autoridades no deberían presentar cargos contra los denunciantes que expongan actos de corrupción o atropellos del gobierno, a menos que puedan argumentar que el daño a la seguridad nacional ocasionado por difundir la información es tan grave que anula el derecho del público al conocimiento.

En este renglón se debería poner en consideración especial a los periodistas, cuya misión consiste justamente en pedir cuentas a los funcionarios públicos y denunciar los malos manejos y abusos de éstos. Es obvio que si la prensa no cuenta con protección eficaz para llevar a cabo esta tarea y es objeto de represalias, se limitará de manera irremediable el derecho a la información y a la libertad de expresión, algo inadmisible en una sociedad que presume de democrática.