Victoria de la justicia

La Ley de Defensa del Matrimonio de 1996 (DOMA) tenía el único propósito de excluir a las parejas gays de más de mil leyes y programas federales que estaban disponibles para los matrimonios heterosexuales.

La decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de dejar de lado esta ley precisamente apunta a este hecho. El juez Anthony Kennedy en la redacción del fallo la describió con claridad al decir que la ley “no tenia un propósito legítimo” y que su fin era “menospreciar y lastimar a quienes el estado, mediante sus leyes de matrimonio, quiere proteger a su persona y su dignidad”.

Este es un triunfo para la justicia en nuestra sociedad. Es la invalidación de una ley federal odiosa. Es el reconocimiento que son los estados los que establecen la definición de matrimonio y que el Congreso no puede emitir leyes para castigar esas decisiones.

Sí, hoy más que nunca, el tema del matrimonio homosexual queda en manos de cada estado, tal como también lo declaró ayer el Alto Tribunal en su fallo sobre la Proposición 8 de California.

Allí prevaleció la cautela judicial al apelar a un tecnicismo —la invalidez de una de las partes— para no tener que determinar si existe un derecho al matrimonio gay que, por ejemplo, hubiera declarado inconstitucional la iniciativa electoral que prohíbe estos matrimonios. Esta decisión de la Suprema Corte queda para otro momento.

Desde un primer momento dijimos que la amenaza a un matrimonio es la infidelidad y el abuso doméstico, entre otros; pero nunca la orientación sexual de terceros que no tienen nada que ver con esa pareja. El matrimonio es una decisión personal entre dos individuos donde no deben importar los valores religiosos de otros.

La intención de DOMA era estrictamente punitiva, por eso hoy, correctamente, es ilegal.

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