Revisan caso de Antelope Valley

El Departamento del Sheriff realizó prácticas indebidas, dicen

WASHINGTON, D.C.— La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia anunció ayer un acuerdo preliminar con el Condado de Los Ángeles, por el caso de Antelope Valley.

El gobierno detalló que el Departamento del Sheriff de Los Ángeles y las estaciones de Lancaster y Palmdale, abusaron de su posición y realizaron prácticas indebidas.

“Estuvieron envueltos en prácticas de chequeos, incautaciones y uso excesivo de la fuerza lo que viola la Constitución y ley federal”, especificó el Departamento de Justicia.

El gobierno también los acusó por discriminación en contra de afroamericanos en el cumplimiento del programa de cupones para vivienda.

El gobierno inició una investigación el 19 de agosto de 2011, que incluyó la revisión de documentos y datos provistos por la oficina del Sheriff, además de material comunitario y entrevistas.

“Estamos confiados de que seremos capaces de llegar a un acuerdo que traiga reformas sustanciales”, aseguró Roy Austin sub asistente del Procurador General para la División de Derechos Civiles.

El Departamento de Justicia explicó en una carta dirigida al Sheriff de Los Ángeles, Leroy Baca, que el problema no era la existencia de políticas adecuadas a nivel local, pero radicaba en la capacidad de funcionarios policiales para seguirlas de manera consistente.

También mencionó “la tolerancia hacia la mala conducta y la falta de efectividad en las medidas de responsabilidad” para supervisar el trabajo.

“El Departamento del Sheriff debe hacer más para asegurarse que sus subalternos se adhieran a las política y que supervisores y comandantes provean la dirección apropiada cuando ocurren errores”, agregó.

La demografía del valle de Antelope ha cambiado notablemente. De acuerdo al censo, entre 1990 y 2010, la población de Lancaster creció de 97,291 a 156,633. La proporción de afroamericanos casi se triplicó de 7.4% a 20.5%. En cuanto a los hispanos el aumento fue de 15% a 38%. En Palmdale, la población creció de 68,917 a 152,750. Los latinos aumentaron desde 22% a 54.4%.

El acuerdo se basa en que finalicen las detenciones y chequeos innecesarios. El Departamento del Sheriff revisará sus políticas, directivas, entrenamiento y prácticas, para que estas actividades se realicen de acuerdo a la ley.

Se requerirá que los oficiales documenten los hechos y circunstancias que llevan a la sospecha o causa probable para realizar detenciones. También se revisarán las políticas para la interrogación de individuos. Se analizarán regularmente datos para determinar si existen disparidades en la actividad policial asociada con la raza. Luego el Sheriff presentará reportes públicos.

Las partes accedieron a la selección de un monitor independiente que actuará como un agente de la corte para determinar si el acuerdo está siendo implementado.