Correa, Snowden, y Ecuador

política

Hace pocos meses acudí como invitado a la inaguración del local de la oficina Comercial del Consulado ecuatoriano en Los Angeles. Eficientemente manejada, la Oficina Comercial ha servido de enlace entre miles de empresarios ecuatorianos deseosos de colocar sus productos —y aprovechar las ventajas arancelarias existentes a través del programa de cooperación entre Los Estados Unidos y Ecuador, conocido como ATPDEA— y los mercados estadounidenses.

Adicionalmente, en las últimas semanas, la embajada ecuatoriana en los EEUU incesantes esfuerzos para conseguir el apoyo de la comunidad para la renovación de la ATPDEA y cabildeó además en los pasillos del Congreso estadounidense en la búsqueda de representantes que sirvan de esponsor para la renovación del programa.

Resulta por demás curioso que luego de todo el esfuerzo realizado, el gobierno ecuatoriano resuelva, como lo hizo en la pasada semana, renunciar unilateralmente a la de por sí poco posible renovación de ATPDEA. La medida responde, se dijo, al chantaje estadounidense ante la posibilidad de que el gobierno ecuatoriano le conceda asilo político al hoy reo de la justicia Edward Snowden.

No se necesita hilar muy fino para darse cuenta que la decisión fue eminentemente política. Rafael Correa sabe muy bien que luego de la muerte de Hugo Chávez, él es el elegido natural para enarbolar la bandera del “anti imperialismo” latinoamericano.

Por eso, el gobierno ecuatoriano ni siquiera esperó por una declaración oficial de EEUU sobre el tema, sino que se hizo eco de voces particulares de un par de congresistas y de comentaristas políticos de derecha, para arroparse con la sábana de la soberanía con la que se cubre siempre en última instancia cuando se le nota la desnudez de sus intenciones.

Y el beneficio es doble, además de ser oficialmente coronado como el líder anti imperialista de la región, le quita, hacia adentro, un poco de presión a un hecho por el que es cuestionado dentro y fuera del país, la aprobación de una Ley de Comunicación que es a todas luces el más cínico intento de silenciar a la oposición y a los cada vez más escasos periodistas independientes.

Irónico hasta las lágrimas, que en nombre de la libertad de expresión se le haya otorgado asilo político al pirata cibernético Julian Assange, y ahora se planeé proteger a Edward Snowden —un individuo que sustrajo información clasificada del gobierno estadounidense, lo que constituye un crimen—, y a la vez, se ponga el último clavo al ataúd en donde reposan los restos de la libertad de expresión en Ecuador.

La renuncia a la ATPDEA es un golpe mortal a muchos empresarios agrícolas ecuatorianos; y la posibilidad de que Snowden reciba un asilo político, podría desbaratar el inestable andamiaje político y comercial entre los Estados Unidos y Ecuador.

Capítulo aparte merece el hecho de que un empleado de menor rango haya otorgado un salvoconducto a Snowden para que viaje a Ecuador, y ahora la administración Correa desconozca dicho documento. Se comenta que Assange dirigió directamente el atarantado otorgamiento del salvoconducto para Snowden y que su influencia en la embajada es casi como de un funcionario plenipotenciario. ¿Sera verdad?