Mujer denuncia acoso sexual

Ocurrió mientras cumplía sentencia de servicio comunitario
Mujer  denuncia acoso sexual
Irma Fuerte Arias, de 44 años de edad, presentó una demanda en contra del Condado de Los Ángeles por acoso y discriminación sexual cuando cumplía su sentencia de servicio comunitario.
Foto: La Opinión - Jorge Morales

Acoso sexual, discriminación de género, ambiente hostil, represalias, asalto sexual, negligencia e invasión de la privacidad son sólo algunos de los cargos que integran una demanda en contra del Condado de Los Ángeles presentada por una mujer que fue sentenciada a servicio comunitario en la cárcel juvenil de Sylmar.

Irma Fuerte Arias, de 44 años de edad, expuso a La Opinión que durante el año que cumplió su sentencia de servicio comunitario, de abril de 2011 a mayo de 2012, tuvo que lidiar con las insinuaciones, el manoseo y la humillación por parte de un custodio identificado por ella como Daniel Kemp, de origen afroamericano.

“Fue un año de tortura, de infierno”, dijo Arias en medio del llanto, quien asegura que debido a ello ha quedado mal emocionalmente y se encuentra en terapia psicológica.

A decir de su abogado y testigos, lo que le pasó a la señora Arias es una práctica común en contra de las mujeres que son sentenciadas a realizar servicio comunitario.

“El oficial Kemp abusó de su autoridad al estarme tocando, abrazando, cada vez que yo llegaba a las 7:00 de la mañana me abrazaba, yo lo empujaba, me decía que me extrañaba, que qué buenas nalgas tenía, se obsesionó conmigo, insistía que quería verme el tatuaje que tengo en la espalda, me tomaba fotos por detrás”, mencionó.

El hostigamiento, dijo Arias, fue más marcado cuando Kemp se enteró que su esposo se encontraba detenido por inmigración y en proceso de deportación.

“El trato a las mujeres es muy pesado”, indicó. “Quiero que sepan lo que está pasando, gente como él hay mucha ahí adentro, que no los proteja el estado, porque nosotros vamos a hacer un trabajo y ellos hacen abuso de su autoridad, mi caso no es el único, pero prefieren taparlos”.

Cuando en agosto de 2011 la señora Arias, casada y madre de tres hijos, decidió poner una queja ante Joe Laschi, director de Los Ángeles County Juvenile Hall de Sylmar, este la amenazó con retirarla del servicio de lavandería que hacía.

“Me dijo que yo era la que me tenía que ir porque yo era de servicio comunitario mientras que Kemp era un trabajador del condado”, mencionó Arias.

Dos empleadas del condado que trabajan para la misma institución, identificadas solamente como Mrs. Piper y Mrs. Williams, dijo Arias, ya le habían advertido que no confiara en el administrador de la cárcel juvenil porque ese tipo de acoso sexual ocurría todo el tiempo y quienes lo cometían siempre eran protegidos.

Debido a que existe una demanda en curso, la cual fue interpuesta desde septiembre de 2012, La Opinión no pudo obtener una versión de las autoridades carcelarias, ni del Departamento de Libertad Condicional (Probation), ni del condado.

El abogado Larry Hanna, representante de Arias, comentó que la demanda pretende responsabilizar a las autoridades del condado para que detengan los abusos en contra de gente vulnerable.

“Quienes hacen servicio comunitario no deben ser tratados como personas de segunda clase”, mencionó el abogado. “Nos preocupa que sea una práctica sistemática, queremos que se investigue, que más gente denuncie y llamar la atención de lo que está ocurriendo”.

Indicó que también buscan una compensación económica porque ha sido una situación devastadora para ella y su familia.