Condena acorde al delito

Un cuarto de todos los presos del mundo están en Estados Unidos. Una cifra estratosférica que se fue multiplicando especialmente hace más de 30 años cuando se comenzaron a exigir condenas mínimas obligatorias por delitos de drogas.

Durante la declarada “guerra a las drogas” en 1986 y 1988 se aprobaron leyes federales, entre ellas las que exigían una condena mínima para los casos de drogas. Los jueces detestaron desde el primer momento el que se les quite la discreción de tomar en cuenta cada caso por sí mismo a la hora de establecer un castigo en vez de tener que dar una sentencia establecida por un legislador en Washington.

El resultado de esta política es el crecimiento de la población penal, estimado en 800% entre 1980 y la actualidad. Estas condenas, en parte debido a la redacción de estas leyes, no fueron parejas para todos, perjudicando especialmente a los afroamericanos y latinos.

De esta manera, simples consumidores de drogas fueron a parar a prisiones junto a serios criminales en un sistema penitenciario que es una escuela de delito en vez de rehabilitación, todo a un alto costo para el contribuyente. Esto es un alto costo humano y material.

Por eso es bienvenida la decisión del Departamento de Justicia de cambiar su política para que los fiscales federales no presenten con castigos obligatorios los caso menores de drogas, que no son violentos y en que el acusado no tiene conexión con organizaciones grandes, pandillas o cárteles. Lo mismo con las nuevas guías para la “liberación compasiva” y también para presos ancianos y enfermos.

Es necesario que los castigos se ajusten a las infracciones y que los jueces tengan una discreción en cada caso. Lo ideal es que el Congreso sea el que elimine las leyes que imponen condenas draconianas automáticas en los casos que involucren drogas.