Activistas temen la aprobación del ‘Safe Act’

El 'Safe Act' busca castigos más severos para el fraude de documentos migratorios y atenta contra los recursos del programa de 'Acción Diferida'
Activistas temen la aprobación del ‘Safe Act’
La iniciativa de ley busca otorgar poder a las autoridades locales para que apliquen normas más estrictas contra los indocumentados.
Foto: Archivo

Tucson, Arizona.- Activistas de todo el país expresaron hoy su preocupación ante el impacto que podría tener la aprobación de la iniciativa de ley federal conocida como “Safe Act”, que impondría sanciones criminales a los indocumentados en EE.UU.

Esta normativa es impulsada por políticos republicanos que se oponen a una reforma migratoria que otorgue un camino a la ciudadanía a los once millones de indocumentados que viven en el país.

“Ésta es una de las propuestas más peligrosas que hemos visto en el Congreso”, dijo Aidin Castillo, abogada de política de inmigración para el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en California durante una conferencia de prensa vía telefónica.

Explicó que esta iniciativa sigue los pasos de la controvertida ley estatal de Arizona SB1070 aprobada en 2010 y declarada inconstitucional parcialmente por el Tribunal Supremo.

La propuesta SAFE (Fortalecer y Fortificar, por su sigla en inglés), que fue presentada por el representante republicano por Carolina del Sur Trey Gowdy y cuenta con 21 respaldos conservadores, propone reforzar la seguridad fronteriza y ceder poder a las autoridades locales para que apliquen normas más estrictas contra los indocumentados.

De manera similar a leyes como la SB1070, la “Safe Act” quiere considerar el fraude en documentos como el visado o el pasaporte como un delito grave que pueda derivar en la deportación y da competencia a las autoridades locales en materia migratoria.

Además, contempla más inversión en seguridad fronteriza y centros de detención de indocumentados.

Esta propuesta de ley es la primera de una serie dentro del Comité Judicial que debe poner los cimientos del proyecto de reforma migratoria de la Cámara, un proceso que contrasta con el tiento con el que está trabajando el Senado en la votación de enmiendas de una propuesta bipartidista.

“Esta iniciativa también terminaría con los recursos para la implementación del programa de Acción Diferida”, dijo Castillo.

Adelina Nicholls, directora de la Alianza Latina de los Derechos Humanos de Georgia, aseguró que esta propuesta “muestra” una actitud de castigo y de discriminación para la comunidad inmigrante.

“En Georgia vemos la gran cantidad de personas que están siendo procesadas para ser deportadas, el incremento en retenes por policías locales a través de todo el estado”, dijo Nicholls en la misma conferencia.

Ambas activistas, que forman parte de la campaña que lleva el nombre “Cambio”, estuvieron de acuerdo que este tipo de propuestas crean un ambiente de discriminación en contra de los inmigrantes y de los latinos en todo el país.