El sistema de jurado se basa en la idea en que una persona pueda ser juzgada por sus pares. En un estado tan demográficamente diverso como California, y ante la necesidad de jurados, es natural que este grupo se amplíe para incluir a residentes legales.
De todas maneras, el proyecto de ley AB1401, que espera la firma del gobernador Brown rompe con el principio de que la labor de jurado es uno de los deberes reservados para los ciudadanos. De ser promulgado, California será el primer Estado de la nación con una ley de este tipo.
Tiene sentido que nuestro estado incorpore a los residentes legales a esta labor porque ellos son un porcentaje significativo de la población que puede aliviar la necesidad de jurados, una labor que entusiasma a muy pocos.
Al mismo tiempo, hablar de “pares” no significa que los jurados tengan que ser del mismo género, raza y situación económica que el acusado, por mencionar algunos elementos. Sino que reflejen de alguna manera la composición social del área.
Es cierto que un estadounidense de nacimiento o por adopción quizá pueda conocer mejor el sistema judicial que un residente legal. Pero aquí no hay nada que no sea enseñable o aprendible.
Por eso son infundados los temores del asambleísta Rocky Chavez (R-Oceanside) de que los residentes legales juzgarán casos como si estuvieran en su país de origen, o que un juramento de ciudadanía es imprescindible para conocer lo básico del funcionamiento del sistema legal estadounidense.
Los residentes legales no es gente recién llegada, llevan años en el país y es justo que ellos también carguen con responsabilidades y deberes que pueden realizar como integrantes de la sociedad.
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