Una licencia para García

El caso de Sergio García es un ejemplo de un sistema migratorio anticuado y disfuncional .

García fue traído de niño de México por sus padres a Estados Unidos. En 1994, al terminar la secundaria su padre hizo la petición formal ante las autoridades de migración para conseguirle la residencia legal. Desde ese entonces hasta hoy, García trabajó arduamente en numerosas actividades que le ayudaron a graduarse de la escuela de leyes. Al momento de obtener su licencia estatal para ejercer la abogacía, la Suprema Corte estatal presentó una objeción de otorgarle una licencia porque García todavía permanece indocumentado.

La ley federal prohíbe los beneficios a los indocumentados. El otorgamiento de una licencia estatal es, según el argumento del Gobierno federal, un beneficio.

La Suprema Corte de California ayer escuchó los argumentos de quienes dicen que este es un tema federal de inmigración y de los que argumentan, como la procuradora estatal, Kamala Harris, que el dar una licencia de este tipo es una cuestión estatal.

Otra vez un asunto queda atrapado en un marco migratorio desfasado con la realidad. En este caso perjudica a un individuo, hijo de un ahora ciudadano estadounidense, al que la protección de la deportación diferida le llegó tarde por su edad.

Creemos que García hizo todo lo necesario para ganarse la obtención de su licencia de abogado. Se podrá debatir los escenarios hipotéticos que puede enfrentar un letrado abogado cuya residencia legal está pendiente por más de una década desde su solicitud. Esa es una discusión para la práctica no para obtener la licencia en la que lo importante es pasar el examen estatal, tal como García lo hizo.

La situación de García es otra muestra de tantas de la necesidad de una reforma integral de inmigración. Mientras esperamos esa ley, los tribunales deben reconocer la capacidad demostrada por García en California —y el beneficio potencial del ejercicio de su profesión— por sobre las restricciones federales.