Migrantes guatemaltecos desamparados

Elmer Antonio Pérez tiene 36 años y es residente de Bay Ridge, Brooklyn.

Elmer Antonio Pérez tiene 36 años y es residente de Bay Ridge, Brooklyn. Crédito: Archivo/ EDLP / Damaso González

Imagínese a usted mismo así: viaja indocumentado a Estados Unidos para trabajar, poder pagar el tratamiento de diálisis de su hijo de 16 años de edad (que además necesita un trasplante de riñones), y poner comida sobre la mesa de su familia, que también incluye a su esposa e hijas de 15 y 9 años. Usted lleva siete años en EE.UU., y el 23 de abril pasado, mientras trabaja en una construcción en Nueva York, sobre una escalera apoyada en una superficie resbalosa, pierde el equilibrio. Se cae y fractura su espalda y un pie. El contratista (su jefe) lo lleva al hospital y se lava las manos.

Después de tres semanas de hospitalización, usted puede caminar con muletas, si logra soportar el dolor en la espalda y el pie. Tiene 36 años de edad, ya no puede trabajar y se queda sólo con $25 dólares en la bolsa. ¿Qué hace?

Elmer Pérez, protagonista de esta historia, pensó que el Consulado de Guatemala le podría ayudar con el costo de la tarjeta consular (documento de identificación que necesita para iniciar una demanda legal), o su envío por correo para evitarle atravesar la ciudad a pie (con muletas) y en subway para recogerla, o recomendarle un abogado para demandar al contratista. Esperaba que lo invitaran a sentarse en alguna oficina, para explicar con calma qué le había ocurrido. Pero esperó demasiado.

El 24 de julio, Elmer esperó de pie (en muletas) en la cola, como todos los demás en el consulado. Sólo consiguió hablar a través de la ventanilla con la vice-cónsul María Luz Enríquez de Zyriek, quien le respondió con la pregunta “y ¿qué quiere que yo haga?”. Agregó que no tenían información alguna para él, y nada podían hacer.

Este octubre, después que el caso llegó a oídos de la Cancillería, un periodista de El Diario La Prensa en Nueva York trató de entrevistar a la vice-cónsul. La funcionaria no aceptó la entrevista (el cónsul Óscar Padilla, sí lo hizo), pero atendió a Elmer cuando fue a recoger su tarjeta consular ese mismo día—después de pagar los $25 dólares que le quedaban. Enríquez también le entregó los datos de dos abogados, pero cuando Elmer los llamó, le dijeron que tampoco lo podían ayudar. Ahora, Elmer vive con su hermana y, sin trabajo, ya no puede ayudar a su familia en Guatemala.

Quizá el consulado no podía regalarle el documento por falta de presupuesto. Pero eso no excusa tratar desconsideradamente a quien necesita ayuda. El personal en las embajadas y consulados guatemaltecos ganan sueldos sufragados con los impuestos que pagan los guatemaltecos. Muchos de ellos dependen de las remesas enviadas por sus familiares en EE.UU., y lo menos que pueden hacer los consulados es tratar a los migrantes con cortesía y humanidad.

El caso de Elmer no refleja el trabajo de todo el personal consular en EE.UU. También hay funcionarios ejemplares. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas prestan una reducida atención integral al tema migratorio. Es desolador que cuando la Cancillería habla de los migrantes en EE.UU. suela referirse al Estatus de Protección Temporal (TPS), o la reforma migratoria, y a la importancia de las remesas que envían hacia Guatemala. Pasa desapercibido el trato que reciben en los consulados y de los empleadores.

Evitar los abusos contra los trabajadores indocumentados no parece prioritario para la Cancillería, o el Departamento del Trabajo de EE.UU. Rara vez se sabe de empleadores castigados por violar los derechos laborales de los migrantes. ¿Debemos asumir que por ser indocumentados, los abusos no cuentan?

El migrante promedio emigra a EE.UU. para ayudar a su familia porque no encuentra las condiciones socioeconómicas para hacerlo en su país. Pero parece que un trato humano a un migrante que necesita ayuda, como Elmer Pérez, es mucho pedir para algunos funcionarios consulares.

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