Secretos de una patrulla

Nunca se hubiera sabido el motivo de la muerte de Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza en junio del 2010, de no ser por la filtración de un video, dos años después de la golpiza al inmigrante.

La agresión habría pasado desapercibida gracias a la declaración mentirosa de los agentes involucrados y porque no existe un sistema interno en la Patrulla Fronteriza, capaz de identificar con claridad los casos de “exceso de fuerza”.

Esta última es la conclusión de un reporte interno realizado por el Departamento de Justicia, por petición de 16 legisladores federales ante las nuevas revelaciones de la muerte de Hernández Rojas. Básicamente, no existe una categoría principal para las aseveraciones de exceso de fuerza, o sea que estos casos derivan en otras categorías dificultando su rastreo e investigación.

Este es el resultado de una política estándar sobre el uso de fuerza, establecida en negociaciones con el sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza en octubre de 2010.

Este es el mismo gremio que demanda en los tribunales a la administración Obama por no permitirles deportar más gente.

Es inadmisible que la mayor fuerza policial del país, con más de 21 mil agentes y responsable de por lo menos 19 muertos desde 2010, no tenga un sistema de archivo similar al que existe en la mayoría de los departamentos de policía estadounidenses.

Es cierto que el Departamento de Seguridad Interna es afín a los secretos, pero estos están para proteger la seguridad nacional y no a los agentes que abusan vilmente de su autoridad.

Es criticable también que la conclusión del reporte se remita simplemente a que la Patrulla Fronteriza trabaje con la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para las aseveraciones de uso de fuerza.

Se necesita más transparencia. Es fundamental corregir el sistema de archivo, al igual que, por ejemplo, implementar el uso de cámaras en la solapa de los agentes, tal como se está, y se estará, usando en varios departamentos de Policía.

Los arrestados por la Patrulla Fronteriza son indocumentados que no gozan de las protecciones de los residentes ni los ciudadanos. No obstante, se merecen un trato humano por parte de autoridades de tipo policial, que también deben responder claramente por sus actos, sin importar quién es el detenido.