Crece malestar por pasaportes

Guatemaltecos piden a su Gobierno una solución inmediata
Crece malestar por pasaportes
En las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que se acercan a la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles para tramitar su pasaporte pero sin éxito.
Foto: La Opinión - Marvelia Alpízar

Por motivos de salud, Rosalina Ibáñez debe viajar a Guatemala en enero de 2014 pero ante la dificultad de renovar su pasaporte, no sabe si podrá ir a su país natal en la fecha prevista.

“¿Cómo sale uno de aquí? Es una tontera porque traigo mis papeles y les demostré que si soy de allá. Tendría que ir con pasaporte provisional, sacarlo allá (Guatemala) y esperar cuatro meses”, dijo Ibáñez, quien se sometió a una operación en Mazatenango en enero de este año y debe visitar a su médico para un chequeo.

Ibáñez no pudo renovar su pasaporte porque no poseía su Documento Personal de Identidad (DPI), que se exige ahora para el trámite. “¿Por qué no planearon antes que hubiera una persona que estuviera trabajando directamente aquí?”, dijo Ibáñez, refiriéndose a un representante del gobierno para el trámite del DPI en Los Ángeles.

Quejas como las de Ibáñez han aumentado desde que la Cédula de Vecindad, requisito que se exigía para tramitar o renovar el pasaporte, dejó de tener vigencia el 24 de agosto de 2013. A partir de esa fecha, solo el acta de nacimiento con el Código Único de Identificación (CUI) o el DPI, son los únicos documentos que debe presentar un ciudadano guatemalteco para tramitar su pasaporte.

Los guatemaltecos que usaban la Cédula de Vecindad como medio de identificación, tendrán que mostrar el DPI de ahora en adelante. Muchos consideran una falla grave del gobierno la exigencia de este requisito sin haber tomado las medidas necesarias para no dejar en el limbo a los guatemaltecos que carecen de DPI.

A principios de este año, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) implementó un operativo en el Consulado General de Los Ángeles para otorgar el DPI. Sin embargo, el costo del mismo, 50 dólares en comparación con los 11 dólares que cuesta obtenerlo en Guatemala, ocasionó el descontento de la comunidad en general, por lo que se suspendió el proceso.

“Hay que meterles una demanda porque uno viene y no nos atienden. Y si llama uno, no levantan el teléfono”, dijo José Antonio Pinzón, del Condado de Orange, quien con su esposa ya había ido cuatro veces en un mes al consulado para renovar el pasaporte. “Para eso son los consulados, para encontrarle soluciones a su gente pero por todos lados sale uno mal con ellos”, dijo Pinzón, quien no podía ocultar su frustración y descontento de que su gobierno no fuera capaz de proporcionarle un documento legal de identidad.

En las últimas semanas, se ha incrementado el número de personas que se acercan a la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles para tramitar su pasaporte pero sin éxito. Entre el miércoles 18 de septiembre y ayer en horas del mediodía, los funcionarios habían recibido unas 400 personas que no poseían DPI, a las cuales se les entregaba un pedazo de papel con la página web del RENAP y un número de teléfono. Con esa información, las personas pueden averiguar la fecha de la próxima jornada de tramitación del DPI en esta ciudad. La pagina web no señala información alguna al respecto.

Hace casi dos semanas, el Departamento General de Migración en Guatemala anunció que se propondría una reforma al reglamento y permitir que los connacionales en el exterior puedan tramitar sus pasaportes con una constancia de tramitación del DPI junto con la Cédula de Vecindad. Sin embargo, hasta ayer no había nada.

Representantes de algunas organizaciones que representan a la comunidad guatemalteca en Los Ángeles se han reunido para tratar de buscar una solución.

Una de ellas es una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad “para que sea la corte la que especifique, dictamine, si se están violando nuestros derechos, en qué forma se están violando y como reparar ese daño. Es la Corte de Constitucionalidad la que tiene que ver si se están violando nuestros derechos como ciudadanos inmigrantes guatemaltecos por habernos dejado indocumentados”, dijo Julio Villaseñor, asesor titular del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) durante la última reunión realizada la semana pasada.