Juez federal emite restricciones a Joe Arpaio
La oficina de Arpaio es célebre por sus operaciones contra inmigrantes y por ello, un juez federal dio un plazo límite de tres meses para contratar a un alguacil bilingüe que será un enlace con la comunidad.
La corte aclaró que la oficina estará en un período de prueba por tres años. Crédito: AP
Phoenix, Arizona, EEUU.- Un juez federal estableció este miércoles fuertes restricciones a la Oficina del Aguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, entre ellas la presencia de un observador independiente para prevenir prácticas de perfil racial por parte de sus policías.
En su decisión, el juez Murray Snow indicó que la oficina de Arpaio, célebre por sus operaciones contra inmigrantes, tiene un plazo de tres meses para contratar a un alguacil bilingüe que sirva como enlace entre la comunidad, así como crear un consejo comunitario de seis miembros, que se reunirán por lo menos tres veces al año para garantizar un diálogo entre los líderes comunitarios y la oficina de Arpaio.
El juez Snow dictaminó en mayo pasado que la oficina del Alguacil discriminó en contra de conductores hispanos, como parte de una demanda entablada en su contra por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
De acuerdo con Snow, el tener un observador independiente es necesario para vigilar las operaciones de la oficina del alguacil y garantizar que las órdenes de la corte sean cumplidas.
El juez federal ordenó que la oficina de Arpaio debe notificar al observador independiente y ACLU de sus planes en un plazo de 24 horas, esto debido a los operativos que se llevan a cabo contra de inmigrantes, y donde participan voluntarios de esta agencia policíaca.
Después de que se lleve a cabo el operativo, Arpaio tendrá un periodo de 30 días para realizar una reunión pública donde informará sobre el resultado y el propósito del mismo.
Tras conocer la decisión judicial, el director legal de ACLU, Dan Pochoda, dijo que “el juez Snow reconoce que la oficina de Arpaio tiene años de prácticas de perfil racial y políticas inconstitucionales que requieren de un cambio, lo que incluye nombrar un observador independiente, recopilar información y vídeo de cada detención”.
