Misión imposible

Religiosos foráneos en México piden que Migración baje las tarifas para su operación

MÉXICO, D.F.—Los ministros de culto extranjeros están enfrentados con el Instituto Nacional de Migración (INM). Pelean con el departamento de Regulación y Archivo Migratorio desde Hacienda y desde el Congreso misioneros de la organización fundada por la madre Teresa de Calculta, los Scaalbrinianos, los Siervos de la Caridad y varios evangélicos entre otros.

Se trata de un asunto de dinero. Las cuotas para los religiosos foráneos se incrementaron hasta en un 1000% (de alrededor de 25 a 300 dólares anuales por residencia temporal) en el último año después de que entró en vigor la Ley de Migración porque olvidó la figura jurídica de ministros de culto y asociados religiosos externos que desde 1992 se autorizó en México.

“Se enfrentan a la disyuntiva de seguir haciendo obras de caridad o pagar las cuotas”, denunció María Eugenia Trillo, abogada de las católicas monjas de la orden Bienaventurados Mártires Coreanos y Scaalbrinianos. Estos últimos con casas de atención a los migrantes en Tapachula, Tijuana y Nuevo Laredo, tres zonas fronterizas de alto riesgo.

Hasta antes de la década de los 90, la ley establecía que para ejercer aquí el ministerio de cualquier culto se requería ser mexicano de nacimiento, lo cual generaba situaciones de simulación como la de sacerdotes españoles que entraban al país con visas de trabajo para salchichonerías o panaderías con la sotana debajo del brazo.

Veinte años después, los misioneros regresan a una situación jurídica similar porque si bien la ley no prohibe su ingreso tampoco no los reconoce como ministros de culto.

Para saldar el “olvido” legislativo, las autoridades migratorias pusieron sus propias reglas. Ordenaron equiparar las actividades de los religiosos extranjeros con las del resto de la población migrante que realiza actividades lucrativas.

“Cobran por igual a un ejecutivo de la Ford que a un misionero en la sierra de Guerrero”, explica Trillo.

Así comenzaron los problemas para quienes se encuentran aquí gracias a los donativos, no por un ingreso fijo. Es decir, no tienen un salario sino proyectos específicos con presupuesto limitado.

Los Lamber, una familia de evangélicos que ayudan a personas con pobreza extrema en la Sierra Gorda de Querétaro, por ejemplo, tienen que pagar hoy cerca de tres mil dólares para renovar su visa de visitante extranjero porque son nueve integrantes entre padre, madre y nueve hijos de entre seis y 18 años.

“La madre nació en África y el pastor es un judío en Estados Unidos que vinieron a México porque dicen que tienen un deber social con un país vecino que lo necesita, pero este pago rebasa su presupuesto y ya analizan su partida”, apunta Iliana Ruvalcava, litigante de la Asociación Pozo deVida.

“Lo que queremos es que se vuelva a incluir la figura de ministro de culto en la Ley de Migración para que aplique de manera general y no caso por caso, a gusto de los funcionarios.”

Los abogados coinciden en que el INM comenzó a otorgar excepciones de pago bajo criterios poco transparentes y sin reglas generales.

Las Misioneras de la Caridad (la orden que fundó la madre Teresa de Calcuta) enfrentan esta situación. Entre las 100 monjas procedentes de todo el mundo y distribuidas en 17 misiones del país desde 1976 que atienden a niños, adolescentes y ancianos abandonados, discapacitados y con enfermedades terminales, sólo a unas cuantas se les omitió el pago. A otras, se les exige la cuota.

En total deben pagar 30 mil dólares anuales a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria —encargado de aplicar el cobro— aceptó por escrito que con base en el artículo 16 de la Ley de Derechos se exime de pago a los inmigrantes que no perciben un salario o sus ingresos son menores al mínimo.

“La encargada de la Dirección de Regulación y Archivo Migratorio, María Fernanda García Villalobos, insiste en que debe hacerse el pago, aunque sean obispos, curas, monjas o lo que sea”, asegura

En julio pasado, en respuesta a un punto de acuerdo promovido en el Senado en el que se le pedía reconsiderar las cuotas, el comisionado del INM, Ardelio Vargas, respondió que la institución está consciente “de la importante labor social que realizan las iglesias, agrupaciones, ya q   ue son entidades que no persiguen un fin preponderantemente económico”. Pero el asunto quedó en el papel.