Privatizar es la palabra

Incapaces de desarrollar políticas migratorias, los gobiernos dejan el manejo de los flujos en manos privadas
Privatizar es la palabra
los gobiernos de Estados Unidos y México han dejado que sean las instituciones financieras privadas las que se ocupen de los migrantes.

Migración

A principios de semana participé en el coloquio internacional “La Fábrica de las Migraciones” que tuvo lugar en la Ciudad de México. Uno de los asistentes, el antropólogo francés, Michel Peraldi, lanzó un planteamiento que utilizo como tema para esta columna.

Según Peraldi, vivimos en una era de privatización de las migraciones. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos de los países de origen y destino de los flujos, incapaces de desarrollar políticas públicas sobre la migración, han dado la regulación de los movimientos migratorios a manos privadas.

Pongo tres ejemplos de la privatización en el contexto de los flujos entre México y Estados Unidos. El primer caso tiene que ver con el programa de visas H2 para trabajadores temporales. En sus orígenes, este programa se usó para reclutar trabajadores caribeños, quienes eran llevados a cortar caña de azúcar a Florida. Actualmente, el programa de visas H2 se ha “mexicanizado” con un 80 % de reclutados de ese país.

A pesar de ser un programa del Gobierno estadounidense, el reclutamiento de trabajadores, su transportación y alojamiento, están en manos de contratistas privados. Estos contratistas operan a sus anchas en territorio mexicano sin que las autoridades locales ni el Gobierno federal regulen sus actividades. Habiendo renunciado a normar las operaciones de los enganchadores, las autoridades tampoco hacen gran cosa cuando algunos de estos reclutadores engañan y roban a los trabajadores.

Otro caso de privatización tiene que ver con lo que algunos especialistas han llamado, perdonando la palabreja, la “financiarización” de la migración.

Sin acuerdos ni políticas migratorias constructivas, los gobiernos de Estados Unidos y México han dejado que sean las instituciones financieras privadas las que se ocupen de los migrantes.

En este ámbito, el migrante vale por su capacidad de enviar remesas y utilizar servicios financieros: abrir cuentas bancarias, pedir créditos, adquirir una hipoteca para comprar una casa. Si el migrante es deportado, pues que use lo que haya depositado en el banco o unión de crédito para pagarse el “coyote” e intentar emigrar otra vez.

Un tercer y final ejemplo es el de la privatización del control migratorio. Es un tema que he analizado anteriormente en este espacio, pero que vale la pena revisitar porque constituye una de las principales formas de privatización de la migración.

En este caso, el fenómeno de la privatización va de la mano de la criminalización de la migración y los migrantes. Los gobiernos de Estados Unidos y de los principales países de inmigración en el mundo vienen poniendo en marcha políticas cada vez más restrictivas y punitivas hacia la migración indocumentada. Una característica de estas políticas es que dichos gobiernos dejan el control de la migración en manos de grandes corporativos privados. La detención y deportación de los migrantes, así como las tecnologías de vigilancia y control fronterizo son objeto de jugosos negocios particulares. Enganchadores, instituciones financieras y grandes empresas dedicadas al control se reparten un curioso botín: los migrantes y la migración.