Para tener sombra en casa, la familia López sembró hace más de 20 años un árbol en la banqueta, sin imaginar que un día sus raíces tendrían la fuerza suficiente para reventar el duro concreto.
Tampoco anticipó que un municipio hundido en la crisis les dejaría el compromiso de la reparación.
“Han venido, lo miran y se van”, dice la señora López (pide no publicar su nombre) apuntando al enorme árbol frente a su vivienda, en la esquina de la Calle 25 y la avenida Stanford, en el Sur de Los Ángeles.
Semejantes a los tentáculos de un calamar gigante, las raíces levantaron la superficie unas seis pulgadas. Por si fuera poco, un camión se impactó contra otro segmento de la acera y nadie se hizo cargo del daño. “Ya se han caído varias personas”, comenta la señora López, quien ha vivido ahí desde 1982.
Su vecina, Fabiola Villalpando, cuenta que son muchos los caminos en pésimas condiciones en esa zona.
“Y la Ciudad no ha hecho nada”, reclama.
El problema, de hecho, se extiende por toda la metrópoli, siendo uno de los más graves heredados por la administración del alcalde Eric Garcetti. Se calcula que el 40% de las 10,750 millas de banquetas se encuentran en mal estado, y arreglarlas es una tarea que costaría más de $1,500 millones.
Sin embargo, desde 2009 el municipio no ha invertido nada. Alguna vez implementó un plan en el que pagaba el 50% del costo de la obra y los vecinos el resto, pero los fondos se acabaron en poco tiempo.
“Las banquetas están en pésimas condiciones para gente con discapacidades y lo que es peor es que no hay un plan para atender el problema”, alega Paula Perlman, directora ejecutiva del Centro Legal para los Derechos de los Discapacitados, organismo que demandó al ayuntamiento pidiéndole que invirtiera por lo menos $85 millones de dólares para rehabilitar y construir rampas en las esquinas.
Perlman alega que las personas que usan sillas de rueda o muletas deben compartir la calle con los autos para no pasar por vías destrozadas, algo que evidentemente pone en riesgo su integridad física.
“Es peligroso y anticonstitucional, no se cumple con la Ley de Discapacitados que requiere rampas para sillas de rueda”, agrega Deborah Murphy, dirigente del grupo LA Walks.
Varios litigios similares obligaron a que el gobierno de Sacramento invirtiera el 20% de su presupuesto para transporte, en reparación e instalación de accesos en las aceras, mientras que el Departamento de Transporte de California (CALTRANS) acordó en 2009 gastar $1,100 millones en obras relacionadas.
La Oficina de Servicios de Calles de Los Ángeles, responsable de las banquetas, reconoce que se trata de un problema que no distingue clases sociales, aunque desconoce su magnitud precisa.
“La Ciudad siempre está en busca de fuentes de ingresos para mejorar el estado de la infraestructura”, cita en un comunicado. “Actualmente, los dueños de propiedades son alentados a realizar sus propias reparaciones mediante un permiso en la Oficina de Ingeniería“, agrega.
Sin embargo, dicho permiso vale $265 dólares y se cobra 85 centavos por cada pie cuadrado inspeccionado, haciendo que una obra mínima tenga un costo adicional de por lo menos $600 dólares.
Una propuesta del concejal Joe Buscaino pide cancelar este trámite. “Si se eliminaran las cuotas de permisos, más propietarios estarían dispuestos a reparar las aceras”, expone el edil de San Pedro.
Perlman duda que sea una solución viable. “La gente que tiene dinero arreglará su banqueta y los pobres no lo harán”, comenta.
La señora López asegura que su familia no atiende la acera destrozada por falta de recursos. “No tenemos dinero, por eso no la hemos arreglado”, insiste.
Murphy, de LA Walks, reclama que además de la demanda contra la Ciudad no hay una solución cercana.
Una medida electoral plantea elevar el impuesto a los dueños de viviendas para obtener un bono de $3,000 millones sólo para reparar baches. “Las banquetas son parte de la calle y deben ser consideradas en cualquier método de financiamiento”, subraya Murphy.
