Enfermos mentales armados

California tiene las leyes más estrictas sobre las armas del país, sin embargo, eso de poco sirve si esa legislación no es implementada de manera correcta.

Este es el caso de la ley estatal que exige a los tribunales y a las organizaciones que proveen tratamiento para la salud mental reportar al Departamento de Justicia de California cuando determinen que una persona ya no puede tener ni comprar un arma.

La ley es razonable. Las tragedias desencadenadas por individuos armados con problemas mentales, como en el caso del cine en Colorado, la escuela en Connecticut y otros más, justifican la restricción. El problema es que no sigue el proceso dictado por la ley estatal para impedir que ocurra una de esta matanzas en nuestro estado.

La auditora estatal, Elaine Howle, halló recientemente que que entre 2010 y 2012, hubieron 34 tribunales que no hicieron la notificación correspondiente en 2,300 ocasiones. La auditoría responsabiliza principalmente al Departamento de Justicia estatal de no comunicar adecuadamente a tribunales e instituciones de salud mental los requerimientos de la ley.

Se sabe que en California hay cerca de 20,800 personas que tienen armas a pesar de ser convictos, enfermos mentales y otras categorías que prohíben la posesión de armas. El gobernador firmó en mayo pasado una ley otorgando 24 millones de dólares para que el Departamento de Justicia estatal confisque las armas de estos individuos.

Los críticos de las leyes para el control de armas de fuego siempre argumentan que no se necesitan más leyes restrictivas, sino que hay que hacer cumplir las leyes ya existentes. Lamentablemente la ineficiencia del Departamento de Justicia en este caso alimenta esta percepción y, mucho peor pone en peligro la seguridad. No hay que esperar una tragedia en California para corregir este problema.

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