Un recorte perjudicial

A partir del viernes pasado, se redujo en 5% la asistencia alimenticia a 47 millones de personas. Este recorte afecta a mucha gente que realmente la necesita, como también perjudica la economía al bajarles el poder adquisitivo para comprar alimentos.

La mayoría de los beneficiarios del Programa Suplemental de Asistencia Nutritiva (SNAP) son trabajadores con ingresos bajos —una familia de cuatro con 29 mil dólares anuales o menos—, además de discapacitados, personas de la tercera edad, veteranos de guerra y desempleados.

Esta ayuda es significativa en estos momentos de alto desempleo y de salarios muy bajos para un amplio sector, donde sobresale la gran cantidad de niños y el que 17% de todo los beneficiarios sean latinos. El dinero que ellos reciben de SNAP se gasta de inmediato en artículos de primera necesidad, llegando a estimarse que 1 dólar en cupón de comida genera 1.70 dólar en actividad económica.

Por todo esto, es incorrecto cuando se piensa en SNAP llevar a la mente la imagen de vagos que no quieren trabajar o de aprovechadores que lo usan para cometer fraude. Es cierto que hay casos de este tipo, pero no pueden ser usados para definir el programa, tal como se quiere hacer en la Cámara de Representantes donde se busca reducir 50 mil millones de dólares —durante 10 años— de su presupuesto.

Los demócratas del Senado también quieren reducir el programa aunque su propuesta fue de 5 mil millones de dólares. Esta diferencia entre uno y otro están siendo analizada en las negociaciones bicamerales para reducir el presupuesto.

La idea es que la reducción en el presupuesto de SNAP se dé porque ya no existe esa necesidad tan grande, por los menos para los trabajadores a tiempo completo. Pero en la economía actual el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza.

El programa SNAP necesita cambios, y refuerzos para que su función sea eficiente, pero estos esfuerzos no pueden estar basados en una visión hipócrita que ve con ojos de fraude cuando se ayuda a los pobres y es tolerante con las estafas de los contratistas gubernamentales.