El caso de Ron Calderón

El principio de que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario aplica a todos, incluso a los políticos de reputación dañada y hasta inefectivos, debido a la sombra de corrupción que pesa sobre ellos.

Este es el caso del senador estatal Ron Calderón (D-Montebello) que actualmente está asediado por investigaciones federales para determinar si el legislador está haciendo alteraciones en los proyectos de ley a cambio de dinero por debajo de la mesa.

La ultima aseveración surgió de un reporte periodístico reciente en que se afirmaba que el FBI realizó una operación en donde un agente encubierto le pagó 80 mil dólares y contribuyó dinero para los hijos del senador, con el fin de q   ue este agregara un crédito impositivo a un proyecto de ley.

Esto se suma al hecho que meses atrás, los agentes del FBI allanaron la oficina del legislador en Sacramento debido a la preocupación que despertó entre las autoridades federales el “flujo de ingresos” de Calderón.

El demócrata ha sobresalido entre sus colegas por la alta cantidad de dinero que gasta, como también se ganó la reputación de aceptar todo tipo de regalos de parte de personas que tienen intereses en juego en la legislatura.

Estas investigaciones son suficientes como para perjudicar la imagen de honestidad de Calderón en cuanto a su función de legislador. Por eso es bienvenido el esfuerzo del presidente del Senado, Darrell Steinberg, de suspenderlo temporalmente de los comités legislativos que integra.

Creemos que es prematuro pedir la renuncia de un individuo al que ni siquiera se le han presentado cargo formales por sospecha de haber cometido un delito.

No obstante, en política la apariencia de impropiedad ya es en sí un problema y la acción de Steinberg es un ejemplo de ello.

Calderón está en su derecho de defenderse de las sospechas de corrupción —especialmente cuando no hay cargos en su contra—. Sin embargo, su capacidad para representar a su distrito adecuadamente está dañada. Por ahora, la decisión de continuar está en manos de Calderón y de sus votantes.