Piden que cese el decomiso de autos

Grupos pro inmigrantes abogan por una moratoria
Piden que cese el decomiso de autos
Vicka Atalia Farías, de 3 años de edad, acompaña a su madre Verónica Farías, que fue victima de decomiso.
Foto: La Opinión - Aurelia Ventura

Con el argumento de que confiscar coches a indocumentados es un abuso, grupos que defienden sus derechos pidieron al Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) detener el castigo hasta que entre en vigor la ley AB60, que otorgará licencias de manejo a quienes no tienen un estatus migratorio.

Firmada el pasado 3 de octubre por el gobernador Jerry Brown, la AB60 entraría en efecto en enero de 2015. Hasta entonces, el Sheriff no debe incautar los vehículos a las conductores sin licencia, pidieron organizaciones como la Liga Nacional de Abogados (NLG), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC), entre otras.

Los grupos hicieron este llamado afuera de la estación del Sheriff en el Este de Los Ángeles.

“La ley de decomisos se ha usado como una herramienta de discriminación y perfil racial”, dijo Marissa Nuncio, directora del Centro de Trabajadores de Costura. “Hemos visto patrullas en comunidades inmigrantes, en frente de las escuelas, realizando decomisos basados en objetos religiosos en los carros y la comunidad está cansada de eso”, agregó.

Poco después de que se firmó la AB60 creció el temor de que policías racistas ordenarían más decomisos para sacar el mayor provecho hasta 2015. Esa hipótesis sigue barajándose entre los activistas.

“Los autos ahora están siendo confiscados en una tasa alarmante por gobiernos locales cortos de dinero que anticipan grandes pérdidas en ingresos por decomisos cuando la nueva ley entre en efecto”, cita la moratoria enviada al LASD.

Se calcula que alrededor de 1.4 millones de indocumentados en California se beneficiarían de la AB60.

Uno de ellos es José Días, un jornalero a quien le incautaron el auto hace dos años en Pomona, una ciudad señalada por sus constantes operativos policiacos supuestamente enfocados en los inmigrantes. “Somos trabajadores, no delincuentes. Es humillante, es denigrante”, expresó.

Por su parte, Verónica Farías, originaria de Michoacán, sufrió un decomiso hace nueve meses en esa ciudad. Ya le habían quitado otro vehículo en 2008. “Te quedas traumada”, señaló. Su hija de tres años, Vicka, portaba hoy una pancarta donde se leía: “Paren el decomiso de carros”. Ella, dice Farías, llora cuando sus hermanas mayores la alertan del riesgo de toparse con un policía.

De acuerdo a Cynthia Anderson-Barker, dirigente de la Liga Nacional de Abogados, el Sheriff del condado de Los Ángeles es la agencia “más agresiva” en cuanto a los decomisos de coches a conductores sin licencia. “Es el mejor interés de la comunidad detener los decomisos y el perfil racial”, indicó.

Al cierre de esta edición, Stephen Whitmore, vocero del jefe del Sheriff Lee Baca, no respondió las llamadas telefónicas, ni correos electrónicos enviados por este diario solicitando un comentario.

Una estrategia judicial de la Procuraduría de Los Ángeles logró hace unos días que la Policía de esa ciudad (LAPD) volviera a aplicar la Orden Especial 7, que pide no confiscar por 30 días los vehículos de los inmigrantes si portan identificación, así como registro y seguro vehicular.

Pero su principal oponente, el Sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL), advirtió que no se quedará de brazos cruzados y que apelará la decisión del juez.