Jornaleras de CA claman justicia ante abusos sexuales

Trabajadoras del campo en California denuncian constantes ataques sexuales de supervisores y compañeros, sin que se les haga justicia
Jornaleras de CA claman justicia ante abusos sexuales
Maricruz Ramírez (izq.) y Manuela Ramírez (centro) miembros de la organización Líderes Campesinas in Coachella distribuyen información. sobre abuso sexual.
Foto: La Opinión - Aurelia Ventura

Cansada de llorar y de escuchar que su queja por abuso sexual no procedía por falta de pruebas, una noche “Mireya”, una campesina de Bakersfield, intentó quitarse la vida.

“Pensaba que yo no valía nada y me tomé unas pastillas para dormir y no despertar”, cuenta ahogada en llanto.

Llevaba semanas denunciando por todos lados al mayordomo que la manoseó y sólo logró que el contratista la investigara a ella. “Sentí que para una mujer sola, sin documentos, no había justicia”.

Ya con el trauma superado y en otra zona de cultivo, “Mireya” se enteró que su agresor estaba a cargo de otra cuadrilla en esa región y sintió impotencia. “Ese mayordomo sigue ahí”, dice.

Por décadas, trabajadoras agrícolas han denunciado que han sido acosadas sexualmente y hasta violadas por supervisores y compañeros en los campos de California, pero su valentía ha dado pocos frutos: ni un solo cargo criminal se ha presentado contra sus agresores. Únicamente se ha logrado que los empleadores compensen económicamente a las víctimas y cambien sus prácticas.

“La situación no ha cambiado tanto a lo largo de los años. El movimiento agrícola ha tenido algunas victorias pero definitivamente sigue siendo un problema”, comenta Grace Meng, investigadora de la organización Human Rights Watch. “En algunos terribles casos, incluso cuando las mujeres se atreven a reportarlo, se enfrentan a policías que no están interesados en investigar el abuso”, expone.

“Rocío”, una campesina del área de Fresno, asegura que los mayordomos y supervisores que por años la obligaron a tener relaciones sexuales para conservar el empleo, continúan en el mismo lugar. Ella y otras 24 mujeres, incluso niñas de 15 años, padecieron ese infierno, asegura.

“Antes de ir al trabajo uno tenía que hacer lo que ellos querían”, menciona “Rocío” con el rostro empapado por las lágrimas. “Casi siempre lo hacían, de una forma u otra uno los tenía que satisfacer”.

Ni el caso de “Mireya”, ni el de “Rocío” han prosperado legalmente.

“No son tantos los casos que se ganan porque precisamente el acoso o el abuso sexual ocurren en un lugar aislado, no hay testigos, se convierte en la palabra de ellas contra la de ellos”, explica Suguet López, directora ejecutiva de Líderes Campesinas, organización que representa a ambas mujeres.

Una encuesta que el Southern Poverty Law Center publicó en 2010 revela que el 90% de las campesinas dijo haber sido acosada, manoseada o hasta violada. Mientras que el Departamento de Justicia reporta que la tasa de denuncia en la industria agrícola es muy baja: dos tercios prefiere callar el abuso.

En uno de los mayores acuerdos extrajudiciales en ese sector, la Comisión de Oportunidades Equitativas del Empleo (EEOC) logró en 2005 que la empresa Rivera Vineyards compensara con poco más de un millón de dólares a un grupo de campesinas del Valle de Coachella que fueron acosadas, incluyendo una que supuestamente fue violada. Hasta ahí llegó el caso.

La activista Mily Treviño-Sauceda, quien entrevistó a algunas de las víctimas y a otras mujeres que “por vergüenza” no quisieron ser parte de la denuncia, cuenta que el “horror” que se vivió en los campos de Rivera Vineyards fue más grande del que se cuenta oficialmente.

“Las trabajadoras compartieron que había hasta lugares que tenían sillones escondidos donde se llevaban a las mujeres, una cosa que te da hasta pavor de tanto abuso que existía”, señala.

A principios de 2005, Olivia Tamayo, una trabajadora agrícola del Valle Central, recibió casi un millón de dólares tras una denuncia por acoso sexual contra la compañía Harris Farms. Tamayo testificó que fue violada en varias ocasiones por su supervisor, René Rodríguez. Él, por su parte, aseguró que ambos sostuvieron una relación extramarital consentida.

A Rodríguez tampoco se le comprobó este señalamiento. Un reportaje del canal público PBS expuso que Rodríguez se jubiló de la empresa Harris Farm y que ahora vive en Texas sin un cargo judicial pendiente.

Para “Mireya” y “Rocío”, el abuso en las zonas agrícolas terminará cuando más casos salgan a la luz. “Con llorar no logramos nada. Para lograr un cambio, que se acaben todas estas injusticias, esto que le hacen a uno en el campo, es necesario hablar”, dice “Rocío”.