Arma contra el fraude

Guía de Regalos

La reforma migratoria puede que tenga los días contados este año legislativo, pero eso no parece haber detenido a ciertos comerciantes sin escrúpulos que cobran una alta tarifa y prometen una “ayuda legal” para agilizar un proceso que aún no existe.

Ofrecer y cobrar servicios relacionados con la reforma antes de su aprobación está estrictamente prohibido en California por una nueva ley firmada el mes pasado por el Gobernador Jerry Brown como parte de un paquete de medidas estatales que favorecen a los inmigrantes indocumentados.

La ley AB 1159 además intenta evitar el fraude común de “notarios” que se hacen pasar por abogados, al prohibir que se ofrezcan servicios utilizando la traducción al español del término en inglés notary public.

La mayoría de las provisiones de la ley no entrarían en efecto hasta el 2014, pero sus detractores, como la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA), opinan que impone demasiadas restricciones sobre los abogados éticos y profesionales. La ley tampoco provee nuevos recursos para encausar criminalmente a quienes cometan fraude.

El fraude en el área de inmigración no es nada nuevo; por décadas ha victimizado a quienes menos pueden defenderse. Pero acudir a los servicios de un abogado se hace muchas veces necesario por la complejidad de las leyes —y esto no se limita al área de inmigración.

Aquí, como en todos los casos, la mejor arma contra el fraude es la información. Como siempre, instamos a cada persona a informarse bien sobre los servicios legales que obtiene y de quién. Y si se es víctima de fraude, urge reportarlo a las autoridades.

Recae en esas autoridades, al final de cuentas, el poder —y la obligación— de aplicar las leyes y castigar a quienes las violan. De nada vale reportar un fraude, si a quienes lo cometen no se les aplica todo el peso de la ley.