Acusan a 18 alguaciles de LA por corrupción en cárceles
Tras una larga investigación del FBI, se presentaron cargos criminales a 18 agentes del Departamento del sheriff por uso excesivo de fuerza y obstrucción a la justicia
El procurador de EE.UU., Andre Birotte Jr., durante la conferencia de prensa en la que se anunció el arresto de 16 agentes del sheriff del Condado de Los Ángeles. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión
En un caso de corrupción policíaca que está siendo comparado con el escándalo de Rampart del LAPD, la Procuraduría de Estados Unidos presentó hoy cargos en contra de 18 alguaciles y exalguaciles del Departamento del Sheriff que estaban a cargo de custodiar dos cárceles del condado.
Los acusa de privar a los reos de sus derechos, hacer falsas declaraciones y reportes, conspirar para cometer violaciones a los derechos civiles tanto de internos como de visitantes, obstruir la justicia, poseer un arma de manufactura ilegal y hasta de fraude hipotecario.
Los cargos están distribuidos en cinco demandas diferentes luego de que el FBI llevará a cabo una investigación de casi tres años.
André Birotte Jr., fiscal federal asignado a Los Ángeles, informó que los acusados estaban asignados a las cárceles Men’s Central Jail y Twin Towers, en el centro de la ciudad.
En esas instalaciones, dijo Birotte, varios reos y hasta visitantes recibieron golpizas por parte de los custodios y fueron expuestos al gas pimienta sin justificación. Citó el caso de la cónsul austriaca que al visitar la cárcel fue esposada y detenida.
La investigación del FBI determinó que ese comportamiento abusivo de los alguaciles se ha institucionalizado en las cárceles del condado, según dijo el fiscal federal.
“Algunos oficiales del Departamento del Sheriff se consideraban por encima de la ley”, mencionó Birotte. Dijo que la investigación continúa y que están analizando más evidencia, aunque no quiso hablar de responsabilidades en los rangos más altos.
Birotte indicó que agentes del Departamento del Sheriff pidieron a un juez del Tribunal Superior de Justicia del Condado de Los Ángeles que el FBI les entregara toda la información que tenían sobre la investigación que estaban llevando a cabo y que revelara los nombres de todos los agentes federales involucrados.
Luego de que el juez se negó a tal petición debido a que no tiene jurisdicción sobre la agencia federal, dijo el fiscal, dos sargentos confrontaron a agentes federales en un intento por obtener detalles de la investigación.
Por su parte, el sheriff Lee Baca dijo que su departamento cooperó totalmente con la investigación del FBI y que confiaba en el 99.9 % de su personal.
“Es un día triste para este Departamento”, dijo Baca. “No vamos a tolerar malas conductas de ningún alguacil”.
Insistió que los resultados de la investigación del FBI (18 alguaciles acusados) no reflejan que se trate de un problema institucional en la corporación y en el sistema carcelario, donde laboran más de 10,000 oficiales. De los 18 detenidos, 14 eran alguaciles activos.
Sin embargo, la supervisora Gloria Molina declaró que los arrestos realizados por el FBI eran decepcionantes, pero que no le sorprendieron.
Molina criticó también la insistencia del sheriff Lee Baca respecto a que no existe un problema institucional dentro de la corporación cuando la investigación del FBI prueba lo contrario.
Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), este caso es similar en su nivel de corrupción a lo sucedido con el escándalo de la División Rampart del LAPD a finales de los 90, cuando decenas de policías fueron acusados de tiroteos, golpizas, sembrar evidencia y vender drogas.
Por ello consideró que el Departamento del Sheriff debe estar bajo supervisión federal como ocurrió con el LAPD al establecerse el “Consent Decree” que obligó a reformar la corporación.
Héctor Villagra, director de la ACLU en el Sur de California, dijo que las acusaciones de la Fiscalía Federal son el resumen de una cultura de abusos y corrupción que por años han estado denunciando.
“El sheriff Lee Baca y oficiales del Departamento han dicho repetidamente que la fuerza excesiva es culpa de unas cuantas malas manzanas”, comentó Villagra.
Sin embargo, refirió la ACLU, las acusaciones federales presentadas ayer, junto con las conclusiones de la Comisión Ciudadana sobre Violencia en la Cárcel que indican que altos funcionarios del Departamento también son responsables, sugieren que: “todo árbol puede estar podrido”.
