Un camino a un acuerdo

Un camino a un acuerdo
Sin un proyecto de reforma migratoria en el 2013, activistas se preparan para impulsarla el próximo año.
Foto: Archivo/María Peña / La Opinión

Inmigración

La reforma migratoria no ha muerto —solo está esperando que los legisladores dejen de hacer política, logren un acuerdo y la lleven a cabo.

El Proyecto Hispanic Trends, del Pew Research Center, parece apoyar la idea de que el camino a la ciudadanía no es una disposición definitoria para alcanzar un acuerdo de reforma migratoria. Insistir en la ciudadanía solo sirve para que 11.7 millones de personas se mantengan en un limbo aterrorizador, para aplacar a aquellos a quienesnada más les importa apuntarse tantos en una elección futura.

Sobre la base de dos encuestas llevadas a cabo en múltiples lenguas en los 50 estados y el Distrito de Columbia, Pew halló que el 55% de los hispanos expresa que poder vivir y trabajar en los Estados Unidos legalmente, sin amenazas de deportación, es más importante para los inmigrantes no autorizados que un camino a la ciudadanía, que obtuvo un 35 % de apoyo.

Los asiático-americanos tienen opiniones parecidas, aunque en menor grado, con un 49%que favorece un alivio de la deportación por sobre un camino a la ciudadanía (44%).

Pew no divide sus cálculos de la población inmigrante no autorizada más allá de contar a los de ascendencia mexicana, que componen el 59 % de los que están aquí sin las credenciales necesarias. Pero el Departamento de Seguridad Interna (DHS) calculó que en 2011, los inmigrantes no autorizados provenientes de los países latinoamericanos y asiáticos mayores representaban aproximadamente el 85% de todos los inmigrantes sin permiso legal.

Eso me indica que una mayoría de la mayoría de los grupos étnicos y raciales que se juegan algo en el asunto de la reforma migratoria estaría dispuesta a aceptar un paquete que proporcionara categoría legal, derecho al trabajo y derecho a matrícula universitaria para residentes de un estado, sin incluir un camino acelerado o “especial” a la ciudadanía.

Un plan de ese estilo no limitaría —como sostienen los interesados en los votos, que se envuelven en la bandera estadounidense para denunciar una “clase marginada permanente”— la capacidad de todo residente permanente legal de alcanzar el “sueño americano” de vivir en el país pacíficamente, enviar a sus hijos a la escuela pública, comprar una casa o iniciar un negocio.

Los residentes permanentes legales tienen derecho a la igualdad irrestricta de empleo —incluso en muchos puestos federales— a debido proceso y, en algunas jurisdicciones, permiso para votar y ocupar cargos públicos en el ámbito local. Solo no pueden votar en elecciones federales ni ocupar cargos federales electos.

Y en el tema de la participación cívica, solo hay que examinar las exitosas campañas nacionales de inmigrantes “sin documentos y sin miedo” para saber que votar no es la única manera de participar, enérgicamente, en el proceso político estadounidense.

Los residentes permanentes legales pueden persuadir a otros a votar por cualquier cargo, pueden asistir en las campañas electorales, realizar contribuciones, trabajar como voluntarios en campañas y recaudar dinero para candidatos y organizaciones políticas. También pueden contactar a sus funcionarios y a los medios, y pueden protestar, peticionar y hacer boicots.

Los mexicanos saben todo eso —representan el mayor porcentaje de los que están habilitados para naturalizarse (31.1%), según el DHS. Pero su tasa de naturalización —36% — es solo la mitad de la de los inmigrantes legales de todos los demás países combinados, según un análisis de principios de 2013 del Pew.

Los grupos de defensa de los intereses de los inmigrantes, los políticos y otros partidos que están abocados a la reforma migratoria nada más con el objetivo de crear un bloque perpetuo con tendencia demócrata son cínicos y están equivocados.

Han estado jugando un póker de alto riesgo, intentando imponer planes que incluyen la ciudadanía, sobre los republicanos —quienes están en fundamental desacuerdo con conceder ese preciado derecho a individuos que quebraron las leyes para venir al país— para después demonizar a esos legisladores por no hacer concesiones.

Y, hasta el momento, esos activistas y sus seguidores han ganado. Una encuesta tras otra muestra que los inmigrantes y otras minorías tienden a considerar que los republicanos son intolerantes con ellos, sólo sobre la base de su país de origen, color de piel u lengua madre.

Los que pierden son los lavadores de carros, lavaplatos, camareros, mucamas, niñeras, jornaleros y otros inmigrantes que no leen los blogs políticos a diario y no comprenden que sus protectores les preparan un enfrentamiento político de todo o nada que, hasta ahora, no ha tenido éxito.

¡Lleguen a un acuerdo de una vez por todas! Dejen de lado la política, legalicen a los 11.7 millones de personas que no suponen amenaza alguna para sus comunidades ni para la seguridad nacional, aseguren las fronteras y pasemos a otra cosa.