Extorsión, un gran negocio

Pago de 'renta' a delincuentes afecta a mayoría de comerciantes salvadoreños
Extorsión,  un gran negocio
El pago de 'renta' exigido por las pandillas en El Salvador afectan a todo tipo de empresarios.
Foto: EFE

SAN SALVADOR.— En la Expo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), una de las charlas del evento es “Cómo combatir las extorsiones”.

“Una palabra clave es denuncia”, dice el inspector Jaime Modesto Ayala, jefe de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones (FTA) de la Policía Nacional Civil (PNC). “La extorsión”, agrega, “es como el terrorismo: se basa en el miedo”.

Siete de cada 10 comerciantes pagan la “renta” en El Salvador, según la Policía, y la mayoría de las víctimas son pequeños y microempresarios. Arriba del 80% de las extorsiones son cometidas por pandilleros y la mayoría de las llamadas se origina en los penales.

Más que los homicidios (El Salvador tiene una de las tasas de asesinatos más elevadas del mundo) la extorsión es el flagelo que más refleja la indefensión de los salvadoreños frente a la delincuencia organizada.

“El problema de la extorsión no lo tenemos focalizado en algunos sectores; está generalizado”, reconoce el jefe de la División de Investigaciones Especiales Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Julio César Marroquín Vides..

Catalino Miranda, representante de una federación de propietarios de autobuses del país, declaró recientemente que los transportistas pagaron 36 millones de dólares en extorsiones en 2013.

Si se pregunta a la gente en la calle, pocos tienen confianza en la PNC.

“En la gran mayoría de los casos, la gente no halla qué hacer porque no confían en ninguna institución”, opina Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

La explicación de esto, dice Marroquín, es que “los delincuentes son muy habilidosos y han hecho creer a la población que estamos con ellos”.

El cobro de la renta comienza usualmente con una llamada anónima. Así le ocurrió, poco después de la fiesta de Halloween, a Mario Campos (nombre ficticio), un agente de seguros independiente. Le pedían transferir 500 dólares —usando el servicio comercial Tigo Money, un recurso muy utilizado por los extorsionistas— a un número de teléfono.

“Cuando me negué me dijo que iba a denunciar que yo era un acosador sexual”, dice Hernández. Después que por violador. Campos muestra en su celular los intercambios de mensajes que sostuvo con el extorsionador : “Te doy hasta mañana [para enviar el dinero]”

“Pisto [dinero] no tengo”

“Tengo a mi compadre en Mariona [un penal], voy a pasar un informe para que te maten (…) Me urge irme a costa rika (sic) a mi tierra”.

Hernández no llamó a la Policía, pero recurrió a amigos en la Fiscalía. Se montó un operativo en un centro comercial, pero los extorsionadores lo detectaron y se evadieron.

Este año, el Gobierno trasladó a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca — Zacatraz— a diez internos que según Marroquín hacían entre tres mil y cuatro mil llamadas de extorsión al mes, cada uno.

Dos semanas después de la experiencia que pasó Campos, cesaron las amenazas. Pero la incertidumbre persiste.