Lucrativo, el negocio de las fianzas lucrativo

Compañías cobran cargos excesivos a convictos por delitos menores
Lucrativo, el negocio de las fianzas lucrativo
Miles de personas en el país tienen su libertad en manos de una empresa de fianzas, como esta en Los Ángeles.
Foto: La Opinión - Ciro Cesar

Thomas Barret fue arrestado en Georgia por robar una lata de cerveza de dos dólares y terminó debiendo a una empresa privada a cargo de su libertad condicional más de mil dólares en costos.

Como él, miles de personas en al menos una docena de estados del país tienen su libertad en manos de empresas privadas a quienes los tribunales entregan la capacidad de lucrar con las condiciones de libertad vigilada de personas que han sido convictas de un delito menor.

“Las compañías ofrecen supervisar los casos de libertad condicional sin cobrar nada a la corte, pero sí imponen una variedad de cobros al procesado. Y hay muchos casos de personas que solo son puestas en libertad condicional porque no tienen el dinero para pagar la multa”, apuntó Chris Albin-Lackey, de Human Rights Watch, organización que publicó un amplio reporte sobre el tema.

Esta se ha vuelto la práctica común en un millar de cortes municipales del país, en al menos 12 estados, principalmente en el sur de Estados Unidos, agregó el portavoz. “La Corte Suprema de este país ha dicho que no se puede encarcelar a una persona en libertad condicional por no poder pagar una multa, más sin embargo, esto se ignora una y otra vez en la práctica, casi ninguno de estos casos va a la corte con un abogado”, señaló.

“La gente no sabe que tiene ese derecho lo único que les dicen es que si no pueden pagar la multa impuesta, van a ir a la cárcel”, indicó.

Una serie de compañías ocupan ahora este mercado que depende de que los procesados paguen más y más costos de todo tipo. “Y funcionan prácticamente sin reglamento alguno por parte del Gobierno”, dijo Albin-Lackey.

Las empresas se niegan a revelar cuánto dinero recaudan con las tarifas que cobran a estos delincuentes bajo supervisión. Sorprendentemente, los tribunales que las contratan tampoco suelen exigir esta información.

Human Rights Watch calcula que, sólo en el estado de Georgia, la industria recopila un mínimo de 40 millones de dólares en tarifas cada año de estos deudores. En otros estados, los requisitos de transparencia son tan mínimos que no es siquiera posible aventurar un estimado de cuánto dinero están acumulando estas compañías por pagos de delincuentes en libertad condicional.

Esta práctica se ha registrado en Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Florida, Colorado, Utah, Washington, Missouri, Michigan, Montana y Idaho.