Hispana informante de la DEA vive un infierno

Denuncian que las agencias del Gobierno federal usan y abusan de los informantes indocumentados por años, con la promesa de darles residencia permanente
Hispana informante de la DEA vive un infierno
En 2005, la DEA estimó que operaba a 4,000 informantes activos.
Foto: Getty

Norma conoce prácticamente el infierno. Dice que lo ha vivido desde niña por el maltrato y pobreza extrema en el sur de Texas, de adolescente cuando fue obligada por su padrastro a entrar al mundo del narcotráfico, después como informante en operativos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y a lo largo de 39 años como indocumentada.

Asegura que en 1989 aceptó trabajar para la DEA, a sus 19 años e indocumentada, porque se le hizo una promesa de protección y legalización migratoria que jamás le cumplieron. Y ahora, se siente atrapada y burlada por ese mismo sistema al que sirvió casi dos décadas y que mantiene su vida en un limbo.

“Las agencias del Gobierno federal usan y abusan de los informantes indocumentados por años, atropellan sus derechos impunemente, les prometen residencia permanente y nunca cumplen y saben que no tienen que cumplir con ellos, pero siguen presionándolos con esa promesa para que sigan cooperando”, revela la abogada de migración, Jodi Goodwin.

Esa realidad se convirtió en una pesadilla que aún no termina para Norma, quien pidió que no se usara su nombre real.

“No hay papeles si no hay trabajo”, recuerda con dolor que le prometían reiteradamente los agentes de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mantenerla cooperando en operativos de captura de drogas y traficantes entre 1989 y el 2010.

“Nos prometen papeles en cada misión, nos entusiasman, pero sin otorgarnos las visas para así atraparnos y garantizar que seguiremos ayudando en sus investigaciones y cuando nos negamos a cooperar, simplemente se nos amenaza con deportarnos”, expone.

Norma ahora lucha por permanecer legalmente en Estados Unidos, donde ha residido casi toda su vida, el país donde nacieron sus hijas y nietos. “Éste es mi hogar”, señala.

Hay alrededor de 4,000 informantes confidenciales activos de la DEA, según un reporte oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentado en 2005, a fin de dar cuenta sobre el monto y sistema de pagos para esos informantes, con base en una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG).

De acuerdo con el informe de 126 páginas, la DEA carece de un sistema transparente y eficiente de pagos para esos miles de informantes confidenciales, C.I. o llamados comúnmente soplones o “snitches”. En el documento, los funcionarios de la DEA admitieron a los de la OIG que “sin esas fuentes confidenciales no podrían aplicar efectivamente las leyes antinarcóticos en Estados Unidos”.

“Difícilmente los agentes de la DEA pudieran entrar a algún lugar de distribución de drogas sin la asistencia de los informantes”, opina Norma, quien participó como una especie de “carnada” en operativos donde había que acudir a esos ambientes en busca de criminales.

La arena habitual de los informantes confidenciales es un mundo clandestino, secreto y sin reglas claras, donde todo pudiera ocurrir: hasta un desenlace inesperado como la muerte.

“Uno misma no sabe si va a salir viva de un operativo, no es nada divertido y el miedo es permanente”, expresa Norma, quien confiesa que se acostumbró a permanecer alerta de su entorno, a cerciorarse de que todo esté bajo candado en su casa y cargar siempre una maleta con ropa en la cajuela de su auto.

A pesar de que hace tres años dejó de ser informante, habla de ese continuo temor que a veces se convierte en ataques de pánico o de depresión, por sentirse un potencial blanco de venganza, arresto o deportación.

Norma ha buscado solución a su situación en múltiples consultas con abogados de inmigración, en un centro de defensa de derechos de inmigrantes y sigue indagando cómo permanecer legalmente en Estados Unidos. “Sólo quiero papeles, libertad y paz”, clama.

Y su lucha por el derecho a una vida normal parece que ha dado algunos avances. Al menos, revela que fue interrogada como fuente testimonial por oficiales de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Departamento de Justicia en Dallas en junio del año pasado, como parte de las averiguaciones sobre corrupción del personal de las agencias gubernamentales fronterizas de seguridad de Texas. La FBI se enteró del caso de Norma gracias a la intervención de un centro local de defensa de inmigrantes.

Norma trabajó con varios agentes que la supervisaron en la oficina del DHS y DEA en McAllen, Texas. Precisamente, un gran Jurado federal en Washington citó a todos los empleados de esa agencia en McAllen para testificar en la investigación sobre evidencias falsas, ofensas de mala conducta y corrupción.

La Oficina del Inspector General (OIG) en el sur de Texas está llevando a cabo más de 150 investigaciones activas sobre operaciones de su propio personal oficial.

La investigación que se inició en 2004, ha arrojado docenas de casos de sanción administrativa y despido de agentes fronterizos por corrupción, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. A raíz del caso de Norma, las averiguaciones se ampliaron también a la oficina de Dallas.

Norma señala que los agentes del FBI la cuestionaron sobre la incursión ilegal en su casa y amenazas de deportación de parte de funcionarios del DHS a quienes identificó y que entraron armados y a la fuerza a su residencia a las 5 de la mañana en 2010 y que delante de su hija adolescente la amenazaron con quitarle la custodia de la menor si no seguía colaborando como informante de la DEA.

Se trató de contactar a los dos agentes que participaron en esa intrusión para que dieran su versión de los hechos, pero sus teléfonos habían sido desconectados o no respondieron.

La supervisora de la OIG en Dallas, Amy Owen, contestó una llamada telefónica sobre la situación de Norma, pero se negó a expresar su opinión al respecto, bajo el argumento de que el caso aún estaba en proceso de investigación.

Aclara Norma que la supervisora Owen se mostró consternada cuando supo de la violenta incursión a la casa de la informante y se enteró de las amenazas que los agentes usaron para forzarla a cooperar nuevamente, quitándole las esposas sólo para que firmara un acuerdo para trabajar un año más con la DEA.

La FBI en Dallas no devolvió varias llamadas en un intento de confirmar el curso de la investigación.

Un año después de la incursión en su casa, Norma acudió a la frontera de McAllen en busca de la renovación de su permiso de cruce fronterizo en 2011, pero fue confrontada por uno de los agentes agresores que la llamó “alborotadora”, debido a las represalias de la supervisora Owen.

Ahí en la ciudad fronteriza texana el agente procedió a registrar la bolsa de Norma y destruyó todos los documentos que probaban su presencia en Estados Unidos, como la tarjeta de seguro social, su permiso de estadía y trabajo, entre otros. Luego, ordenó en el acto que fuera escoltada hacia México, a manera de deportación expedita.

Norma pasó unos días en la ciudad mexicana de Reynosa, sin saber qué hacer. “No tengo nada ni nadie en México, ya que mi familia está en Dallas”, sostiene. Volvió a cruzar la frontera hacia Estados Unidos furtivamente.

Norma emigró al sur de Texas a los 5 años de edad, cuando su madre la trajo a Estados Unidos de un pequeño pueblo de Coahuila en México. Habla de su niñez en Edinburg, en donde creció en la miseria en la colonia Garza, con un padrastro que la abusó. Esas huellas infantiles todavía le duelen, aunque, señala, ha tratado de superarlas.

“Vivíamos en una de seis casitas azules en una calle de tierra. Era prácticamente un cobertizo de paredes de lámina, de una sola habitación, donde residíamos mis padres, cuatro niños y un bebé. Ahí pasamos dos años sin electricidad, alumbrándonos con velas. Comíamos verduras que robábamos de sembradíos cercanos y de los alimentos de las vecinas”, recuerda.

A pesar de ello, Norma dice que las personas la marcaron más profundamente que la pobreza. “Es con quien creces, no donde creces, lo que cuenta”, señala contundente. Se sintió siempre “la hija de nadie”, ya que nunca conoció ni vivió con su padre biológico y la relación con su madre nunca fue cordial.

Cuando llegó la amnistía de 1986, su madre y hermanas legalizaron su residencia y ciudadanía en Estados Unidos, pero no la de ella, quien no fue incluida en la petición, ya sea por falta de recursos económicos o simplemente porque la familia no quiso.

Ya adolescente, y después de recibir su educación secundaria en el sur de Texas, el acoso de su padrastro fue insostenible y Norma huyó de su casa a la calle. Durmió bajo puentes, en asientos traseros de taxis o donde pudiera. Tras meses después de subsistir como indigente, su padre adoptivo le anunció que había hecho un pacto para que ella trabajara con criminales mexicanos. Tenía 16 años de edad. Fue, dice, a mediados de la década de los 80.

Eso, agrega, le cambio su vida radicalmente. “Inmadura, acaté el compromiso hecho por mi padrastro pensando que nada sería peor que mi situación actual”, indica.

El “empleo” que le había encontrado su padrastro la puso a disposición del Cartel de Michoacán, para que trabajara como “mula” y así contribuyera al sustento de la familia.

Durante tres años, Norma viajmó repetidamene de la frontera con Reynosa a Apatzingán, en el sur de México, donde debía ponerse a las órdenes de los jefes del Cartel Michoacano para cruzar cargamentos de paquetes de heroína color café, a la que se le llamaba “la chiva”, o “black tar” en Estados Unidos.

Describe que le enseñaron a acomodarse la droga en fajas alrededor de su cintura, ocultas bajo su ropa. Tres veces al mes pasaba una carga de tres libras en vuelos de México a Estados Unidos y ocasionalmente por tierra.

Después de cada viaje de Norma desde Michoacán a Estados Unidos, su padrastro en Edinburg, al sur de Texas, recibía un pago directo de los narcotraficantes mexicanos.

En aquellos años de finales de los 80’s, apostada en el campamento del Cartel de Michoacán en el monte, fue sometida a severos abusos físicos y psicológicos, y también presenció el estilo de vida de los narcotraficantes y se enteró de detalles de sus rivales en ese negocio.

Norma concluyó su colaboración con los traficantes michoacanos en 1989, después de que hiciera una visita al oficial de policía asignado a la DEA en Corpus Christi, Charles Bartels, quien había arrestado a su novio de aquel entonces. Fue a averiguar sobre su pareja para tratar de liberarlo, pero el agente estadounidense se dio cuenta de la información y experiencia de la joven de 19 años en el mundo del narcotráfico y ahí mismo le propuso convertirse en informante para la agencia federal antidrogas.

Norma externa que ella aceptó convertirse en C.I. sin una idea clara de su significado, pero convencida por la promesa de su legalización migratoria. Además, dice que le ofrecían permisos de trabajo temporales, pases fronterizos y un porcentaje del dinero recaudado en operativos donde su participación como informante fuera crucial.

Al ahora agente retirado Bartels rechazó expresar sus opiniones, dado que ya había escrito una carta sobre el caso de Norma, aclaró.

Bartels, en esa misiva personal dirigida al abogado de Norma proporcionado por un centro local para la defensa de inmigrantes, avala que ella “asistió al gobierno en una investigación y otorgó una asistencia muy sustancial a la DEA”.

Bartels indica en la carta que esa ayuda en la investigación federal, puso a Norma “en una situación muy comprometedora, de tal forma que si regresara a México siento que sería fácilmente un blanco de venganza por miembros de la organización que todavía están fugitivos”.

El ex agente de la DEA corrobora en ese escrito con su firma al calce que “durante el tiempo que Norma trabajó con el gobierno, hubo un intento de comenzar a tratar de buscar la legalización de su estatus [migratorio] pero resultó fallido por un problema relacionado a la documentación de su escolaridad y residencia en Texas”.

Por una relación de 23 años con Norma que aún continúa, en la carta también el oficial retirado Bartels la apoya como “buen ejemplo de ciudadana honorable que ha ofrecido información a otras agencias de la ley”.

Durante sus años como informante de la DEA, Norma revalidó su certificado oficial de equivalencia de educación preparatoria, High School o GED. Además, se capacitó y registró como asistente de enfermera en Texas en 2009, por lo que también cuenta con el documento de registro legal del Departamento de Envejecimiento y servicios de discapacidad estatal.

En los casi 20 años que colaboró con la DEA en intervalos obtuvo unas seis autorizaciones de empleo en Estados Unidos y un número de seguro social legal, a fin de realizar labores de informante confidencial.

Más aún: en uno de los permisos oficiales de entrada a Estados Unidos, en el formulario I-94 expedida por el Servicio de Inmigración y Naturalización en Dallas el 11 de abril del 2008, aparecen en el sello de la tarjeta las siglas SPBP, que representan “autorización por significante beneficio público”, y que aprueba el DHS a aquellos extranjeros que toman parte en procedimientos legales.

Pero nunca se le tramitó el tipo de legalización migratoria especialmente diseñada para estas personas, la visa “S”.

La visa “S”, que algunos dicen debe su nombre a la palabra “snitches” o soplones, es un recurso para que las agencias federales que vigilan la aplicación de la ley, como la DEA, las soliciten para informantes y testigos extranjeros, según un reporte del Congreso estadounidense sobre inmigración de informantes emitido el 19 de enero de 2005.

Anualmente, hay una cuota hasta de 200 visas “S” para informantes inmigrantes, para quienes así se abre la posibilidad de recibir un ajuste de estatus para la residencia permanente en Estados Unidos.

Sin embargo, la visa “S” ha sido concedida escasamente. Entre 1995 y 2004 se aprobaron 511 visas a informantes. Y en 2012 se expidió una sola, dice el informe.

Norma pronto se dio cuenta del riesgo de ser una informante confidencial. Le ordenaron colaborar en varios operativos, en los que ella se convertía en carnada en lugares donde se vendía droga, acudía presuntamente para comprar mercancía y cerrar el trato. Así, la agencia antinarcóticos detectaba y capturaba a los traficantes. Una y otra vez puso su vida en riesgo.

Vívidamente, recuerda el primer viaje asignado como C.I. en el que se le envió con siete libras de heroína desde la frontera de Texas hasta California. Le pagaron una cantidad razonable, aunque no fue el 25% de lo recuperado como le habían prometido.

“Sentí que vivía un cuento de fantasía, luego de no tener ni qué comer y ahora veía abundancia”, describe.

En el mayor operativo en el que participó, ella y otros agentes federales transportaron en dos vehículos un cargamento de 23 libras de heroína. El botín incautado fue de $130,000 y atraparon a los traficantes, pero a ella no se le dio crédito por la captura ni por el dinero. Usualmente, señala que recibía pagos de entre $500 y 1,500 por su labor.

Varias veces, relata Norma, se le negó el pago después de una confiscación con argumentos tales como “no tenemos obligación de pagarle a mojados” o bien hacían referencia a que ella era una “criminal sin ningún derecho y que las únicas opciones que tenía eran regresar a México o trabajar para ellos”, revela.

Jodi Goodwin, una abogada de migración que ha representado más de 50 casos de informantes confidenciales, afirma que las agencias del Gobierno federal de Estados Unidos “usan y abusan de los informantes indocumentados y atropellan sus derechos humanos impunemente durante años”.

Como experta en la defensa legal de informantes, confirma que usualmente los agentes federales “les prometen la residencia permanente y ayuda a su familia, pero nunca cumplen porque no se sienten obligados a cumplir con la promesa”.

Pocos de los defendidos por Goodwin han logrado obtener permisos de trabajo y protección en las cortes de migración para permanecer en Estados Unidos, pero los que lo consiguen, mantienen una vida de bajo perfil, casi secreta, señala.

Hace unos años, la abogada de Harlingen, en el sur de Texas, obtuvo resonancia nacional al representar al informante Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, “Lalo”, quien se infiltró en el Cártel de Juárez para operar como informante al servicio del ICE en esa frontera.

“Lalo” logró una victoria legal el año pasado que evitó su extradición a México, ya que se probó que lo pondría en un eminente peligro de tortura y muerte, comenta.

En entrevista telefónica, Goodwin dice que las agencias federales “están engañando y explotando a los informantes, a quienes sólo usan como anzuelo para desecharlos en cualquier momento, después de que usan toda la información que proporcionan”.

Sobre el caso de Norma, la abogada señaló que “pareciera que también quisieran desaparecerla en las sombras, luego de haberles servido por tantos años”.

Por su lado, el abogado de migración Javier Maldonado de San Antonio habló de la existencia de los recursos de legalización migratoria diseñados especialmente para estos casos como es la visa “S”, la cual no es utilizada por las agencias federales, que tampoco hacen algún esfuerzo por solicitarlas para ayudarlos, manifiesta.

“No es ético ni moral que no se quiera proteger a los informantes si arriesgan sus vidas en las investigaciones y esto pasa porque no existe la conciencia ni la voluntad en las dependencias del Gobierno federal para aplicar la ley y brindarles protección y una solución migratoria”, explica.

El vocero nacional de la agencia federal en Washington D.C., Rusty Payne, dijo que no es posible divulgar con exactitud cuántos informantes confidenciales usa la DEA en sus operaciones regulares ni cuantas personas indocumentadas pueden usar. Pero dijo que la mayoría de los informantes confidenciales son ciudadanos estadounidenses.

Por la misma naturaleza de secrecía que caracteriza a los informantes confidenciales, es difícil contar con datos y cifras concretos sobre sus operaciones en las tareas de investigación criminal o legal en las agencias federales, por lo que sólo se han brindado reportes aproximados por solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En 2005, la DEA estimó que operaba a 4,000 informantes activos. En 2007, el FBI indicó en un informe presupuestal que el número de sus C.I. alcanzaba unos 15,000. Por su parte, ICE en otro reporte oficial señaló que su gasto en materia de informantes ascendió a 9.5 millones de dólares en 2009.

Norma, quien ha vivido en Texas desde los 5 años de edad y asistido a las escuelas estadounidenses toda su vida, siempre se ha considerado una estadounidense.

Ahora sólo quiere vivir su vida normal como madre y abuela. “Seguiré defendiéndome y luchando”, asegura.

Revela que ha recibido llamadas telefónicas para amenazarla. “En todos esos años como informante escuché amenazas de muerte y de otro tipo”, menciona.

En cuando un regreso a México, lo considera “imposible e impensable”.

“Si yo me voy a México, me matan, de eso estoy segura”, asevera.