Rechazan ordenanzas

Corte Suprema falla contra leyes consideradas anti inmigrantes
Rechazan ordenanzas
En Hazleton, Pensilvania, hubo protestas en el pasado por una ordenanza que prohibía rentar a inmigrantes indocumentados.
Foto: Archivo

El rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) a escuchar la apelación de las ciudades de Hazleton, Pensilvania y Farmers Branch, Texas en los casos de leyes locales para prevenir alquiler de viviendas y dar trabajo a indocumentados, no sólo hará más difícil que otras municipalidades traten de hacer algo similar en el futuro, sino que el costo al tesoro local será multimillonario.

“Intentaron esto varias veces, no sé realmente por qué han continuado haciéndolo ya que las ordenanzas eran claramente inconstitucionales”, dijo Tom Saenz, presidente de MALDEF, Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación, organización que demandó en el caso de Farmers Branch. “Además la decisión anterior no vino de un circuito liberal, sino del Sexto Circuito, conocido por ser relativamente conservador. Es un mensaje muy fuerte y no se arregla con intentar cambios cosméticos a la ley”.

Desde hace ocho años ambas ciudades vienen peleando legalmente en defensa de leyes locales para negar a indocumentados el derecho a alquilar viviendas y castigar a negocios que los contraten con el retiro de licencias de operación.

SCOTUS anunció ayer que no consideraría las apelaciones luego que tribunales inferiores las desactivaron señalando que la ley federal migratoria se antepone a los esfuerzos locales de legislar un asunto que compete al Gobierno federal.

Esto significa que ambas ordenanzas quedan sin efecto, como han estado durante los años que ha durado la lucha legal de ambas ciudades.

En 2006, la pequeña ciudad de Hazleton, Pensilvania, fue la primera del país en aprobar una ley local (ordenanza) que multaba a los negocios y dueños de viviendas que contrataran a indocumentados o les alquilaran viviendas. En 2007, Farmers Branch, un suburbio de Dallas, Texas, prohibió alquilar apartamentos a los indocumentados.

Desde entonces, ambas ciudades han estado engarzadas en defenderse de demandas contra las leyes, y ambas han sido bloqueadas por decisiones de cortes federales, aparte de costar millones de dólares a sus municipios.

Al perder la demanda, los demandados generalmente deben pagar no sólo los costos legales de sus abogados y lucha legal, sino la de los abogados contrarios. “Me imagino que tienen algo mejor que hacer con ese dinero”, dijo Saenz.

Otras municipalidades copiaron esta idea y Freemont, Nebraska aprobó una similar en 2010, pero que hasta ahora se mantiene y ha sido reafirmada en cortes federales. Una demanda contra esta ciudad sigue en pie y también espera una decisión de la Corte Suprema. En Febrero, habitantes de Fremont reafirmaron su intención de mantener la misma en un referendo local. “Esperamos que la Corte Suprema haga algo similar con la de Fremon”, dijo Saenz.

Por su parte Omar JAdwat, abogado del Projecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que quizá ambos municipios debieran “unirse a otras ciudades que buscan dar la bienvenida a los inmigrantes en vez de generar hostilidad y discriminación”.