Aliados ahora piden a Obama que frene deportaciones

Vergonzoso legado, devastación, caos, tragedia: estos son algunos de los adjetivos que algunos líderes políticos y comunitarios están usando para describir el record del Presidente Obama en deportaciones. Y no son republicanos quienes hablan así: la presión ahora viene de colegas demócratas, amigos cercanos y aliados que antes no levantaron nunca la voz para ser críticos del presidente o que lo hicieron suavemente.

Y cada vez son más los que se unen al coro.

Para Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream, este es apenas el comienzo de lo que ella ve como una campaña para que cada vez sean más los demócratas y organizaciones comunitarias que hagan un “pedido conjunto” al presidente para que, en ausencia de una reforma migratoria, use su pluma para proteger a grupos concretos de la deportación.

“Lo que nos planteamos este año es contactar no sólo a organizaciones pro inmigrantes, aliados potenciales sino a gente del movimiento progresista, de la mujer, etc., en unirse a esta solicitud”, dijo Jiménez. “Y también líderes demócratas. Este es el momento para que los demócratas demuestren si realmente aprecian a nuestra comunidad”.

Este miércoles, luego que el martes por la noche dos importantes líderes cercanos al presidente: Janet Murguía, del Concilio Nacional de la Raza (NCLR) y el senador de Nueva Jersey, el demócrata Bob Menéndez, usaran fuertes palabras para pedirle a Obama que revise su énfasis en deportaciones, diversos líderes y organizaciones se hicieron eco de este llamado.

La mayoría de los grupos que empujan por una reforma han venido añadiendo al Presidente en sus llamados al cambio, aunque en un principio sólo grupos de base considerados más “radicales”, como la Red Nacional de Jornaleros y algunos grupos Dreamers locales, eran los únicos en solicitar acción administrativa de parte del presidente.

Eliseo Medina, quien dirige la campaña pro reforma del Sindicato de Empleados de Servicio SEIU, siempre ha mantenido la necesidad de enfocarse en la acción legislativa y en la inacción de los republicanos, y ayer indicó que “las dos cosas deben ocurrir: el presidente puede hacer algo a corto plazo pero el congreso debe solucionar el tema a largo plazo”.

“Tenemos 15 años luchando por esto”, dijo Medina. “Necesitamos una solución legislativa, pero el debe de actuar, de eso no hay duda. Pero no vamos a quitarle responsabilidad a los republicanos”.

El senador Bob Menendez, demócrata, cubano de Nueva Jersey, aliado y defensor del presidente dio un duro discurso el martes por la noche en el que se refirió a las deportaciones como “una barbaridad y una tragedia”. Las fuertes palabras del senador vinieron después que su oficina hizo gestiones para detener una deportación.

“Hace apenas dos semanas, mi oficina tuvo que pedirle a ICE que reconsiderara la deportación injusta de un hombre de Nueva Jersey sin antecedentes penales y tres niños con ciudadanía de los EE.UU. – uno de los cuales está muy enfermo y en necesidad médica de su padre. ¿Alguien piensa que un ciudadano honrado como Carlos debería de ser deportado antes de que se deporte a un criminal? No, nadie piensa eso, sin embargo, eso es lo que está sucediendo”, dijo el senador federal.

Harry Reid, líder demócrata en el senado, pidió hace unos días también a Obama que actúe administrativamente.

Ali Noorani, del National Immigration Forum, dijo que su organización permanecerá enfocada en organizar a agrupaciones de negocios, religiosas y policiales en torno a la presión a legisladores republicanos. “Yo creo que el enfoque debe ser legislativo”, dijo.

Dos latinos republicanos, la gobernadora de Nuevo México Susana Martínez y el gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, fueron interrogados ayer sobre el mote de Obama como “deportador en jefe”, que Murguía usó en una entrevista y otros han usado antes que ella.

Ambos declinaron contestar e indicaron que “no se debía usar ese lenguaje” para hablar del presidente. La mayoría de sus co partidarios nunca ha reconocido que Obama ha realizado una aplicación tan estricta de las leyes migratorias y alegan que “no confían” en el presidente para aplicar las mismas, por lo que no quieren discutir la reforma.