Dos viudas claman por justicia

Agentes del Sheriff mataron a sus maridos sin razón, denuncian dos mujeres latinas
Dos viudas claman por justicia
Yoana Muñoz, viuda de Rigoberto Arceo, muestra fotografías de su esposo, abatido a tiros por agentes del Sheriff.
Foto: La Opinión - Aurelia Ventura

Sin conocerse, Yoana Muñoz y Rosie de la Trinidad están unidas por una misma tragedia. De la noche a la mañana, perdieron a las cabezas de sus familias a manos de los agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles, dejando a seis menores en orfandad.

Tanto Rosie como Yoana entablaron demandas contra el Sheriff.

Rigoberto Arceo de 34 años, un ingeniero biomédico en el Saint Francis Medical Center, murió el 11 de mayo de 2012 en Cudahy.

Llegaban a la casa de uno de sus hermanos, a donde lo habían llamado para calmar un fuerte pleito familiar. Iba en un auto que conducía su hermana. En ese momento, se dieron cuenta que tenían atrás a una patrulla del Sheriff.

Arceo se bajó del auto. Y según versiones del Sheriff, se aproximó rápidamente con intención de desarmar al agente, quien temiendo por su vida, abrió fuego y le asestó un balazo mortal en el pecho. De acuerdo a la hermana, ella vio por el retrovisor que Arceo tenía las manos alzadas, cuando el agente le disparó, sin mediar palabra.

José de la Trinidad de 36 años murió abatido de siete balazos por la espalda a manos de dos agentes del Sheriff el 10 de noviembre de 2012 en el norte de Compton. Viajaba en un vehículo que manejaba su hermano. Los agentes del Sheriff les ordenaron detenerse por aparente exceso de velocidad. El hermano no lo hizo y se desató una corta persecusión. Al parar, José de la Trinidad descendió y comenzó a caminar hacia la acera con los brazos en alto. Los agentes del Sheriff le dispararon, muriendo al instante, según dicen sus familiares.

“No hay justificación para lo que hicieron. No traía una pistola. No había una orden de arresto “, dice tratando de contener las lágrimas, Yoana Muñoz, compañera de Rigoberto Arceo. La pareja estaba a dos meses de su boda.

Rosie de la Trinidad pasó una odisea para enterarse que su esposo, un trabajador de farmacia había sido muerto por dos agentes del Sheriff. “Nosotros vivimos en Culver City, pero fuimos a una quinceañera a Compton. Mi esposo y yo nos regresamos en autos diferentes a la casa”, recuerda. Pero al ver que no llegó, Rosie se regresó a la fiesta. Los alguaciles ya habían ido a llevarse a su cuñada para interrogarla. “Alguien dijo que había habido un accidente. Me entró el pánico y me fui al Sheriff. De ahí me mandaron al Hospital Saint Francis en Lynwood. No lo tenían ahí. Me mandaron a otro hospital. Yo me paraba a preguntarle a cada ambulancia que pasaba”, dice.

Rosie cuenta que desesperada se regresó a su casa. Fue en las noticias de la mañana por la televisión que se enteró que su esposo había sido baleado por los agentes del Sheriff. “Me volví loca. Me decía cómo les iba a explicar a mis hijos que a su daddy lo mataron”, cuenta entre sollozos. En momentos, el llanto le impide hablar, dobla nerviosamente una y otra vez el pañuelo desechable que trae en sus manos. Su madre Hulda Lazo le da golpecitos en la espalda, tratando de reconfortarla.

José de la Trinidad tenía dos hijas de siete y cuatro años con Rosie de la Trinidad.

Rigoberto Arceo dejó dos hijos de siete y once años con Yoana Muñoz. Le sobreviven dos hijos más, de una relación previa.

“No me he resignado. Es como si fuera ayer. Tuve que cambiarme de casa. Dejar mi trabajo. Mis hijos están recibiendo terapia. Yo se que si ganamos, no va a cambiar nada, porque Rigo ya no está, pero al menos se va a probar que la Policía no siempre es buena”, dicMuñoz. “Me duele saber que los agentes del Sheriff anduvieron ofreciendo 100 dólares a los vecinos por testimonios o videos del incidente”, comenta.

Rosie dice que lo más triste, además de perder a su esposo, es que lo quieran pintar como un criminal. “Si recibimos una compensación, nada va a cambiar. Nuestras vidas ya están destruidas”,

Los abogados Arnoldo Casillas y Humberto Guizar están a cargo de las demandas contra el condado y los alguaciles involucrados. Esperan no solo una compensación económica sino cargos de homicidio contra ellos.

“Eso sería lo justo porque no se comprende el exceso de fuerza”, dijo el abogado Casillas, quien expresó su decepción porque sea el mismo Departamento del Sheriff quien hagan la investigación y se lo presenten a la fiscalía, la cual decide si le fincan cargos penales a los agentes. “No hay una investigación independiente y eso hace más difícil las cosas”, indicó.

“Lo que uno espera con estas demandas es que el entrenamiento hacia los oficiales del Sheriff cambie y dejen de actuar con tanta impunidad en nombre de la comunidad”, dice el abogado Guizar.

“Tenemos confianza en ganar aún cuando los investigadores del Sheriff han tratado de buscar evidencias en contra. Lo bueno para nosotros es que no existen. Ni Rigo ni José tienen antecedentes criminales”, concluyen los litigantes.

Se espera que en los próximos meses comiencen los juicios y que la fiscalía se decida a hacer cargos criminales contra los alguaciles implicados.

No hubo respuesta del Sheriff para comentar sobre estos casos.

En enero pasado se dio a conocer, a través de un reporte entregado a la Junta de Supervisores, que el condado de Los Ángeles gastó 43 millones de dólares en cobros, acuerdos legales y juicios que involucraron al Departamento del Sheriff. Eso es casi la mitad del total de los costos por litigios del condado. Aparte de estos gastos, los casos de fuerza excesiva le costaron al condado 20 millones de dólares el año pasado, 7 millones más que en en el 2012.