Gira contra decomisos

Grupos pro inmigrantes realizarán una serie de reuniones en todo el estado con este cometido
Gira contra decomisos
Irán a diferentes ciudades y condados del estado para presionar a los gobiernos locales.
Foto: La Opinión - J. Emilio Flores

Grupos que abogan por los inmigrantes iniciaron una gira por distintas ciudades de California para pedir que se cancelen los decomisos de coches a los conductores sin licencia.

A partir del 1 de enero de 2015, el estado otorgará licencias de manejo a los indocumentados, y sus defensores consideran inapropiado que las agencias del orden sigan confiscado sus autos por 30 días, un castigo por el cual deben pagar alrededor de $1,500.

Algunos activistas incluso temen que los operativos policiales se han intensificado.

“La idea es ir a diferentes ciudades y condados para presionar a los gobiernos locales para que detengan los decomisos de coches por 30 días hasta que entre en vigor la ley que otorgará licencias a los indocumentados [AB 60]”, dijo Cynthia Anderson-Barker, de la Liga Nacional de Abogados (NLG).

La campaña inició ayer con una vigilia y un taller informativo en el ayuntamiento de Pomona, cuyo Concejo Municipal parece estar interesada en suavizar su política de decomisos.

“Ya se ha reconocido que la gente tiene derecho a manejar”, señaló la activista Madeline Ríos.

Hoy martes la gira llega a Lancaster. La reunión, que se realiza en el 1301 E. Avenue I, iniciará a las 5:30 p.m. Uno de los organizadores es el grupo Educación Latina del Valle del Antílope (AVLE).

Bakersfield, Fresno, Los Ángeles y Sacramento también serán visitados.

“Las visitas incluyen talleres para educar a la gente sobre sus derechos”, indicó Anderson-Barker.

Si bien la Policía de Los Ángeles (LAPD) ha eliminado los decomisos extensos contra los inmigrantes, la demanda que interpuso el Sindicato de Policías contra su nuevo protocolo (la Orden Especial 7) ha impedido que otras corporaciones sigan sus pasos.

Es el caso de la Policía de Anaheim y su nuevo jefe policiaco, Raúl Quezada. Recién tomó el cargo, él prometió detener dicha práctica, reconociendo el daño que causa a los inmigrantes. Pero hace poco su plan fue congelado. “El jefe Quezada ha decidido que lo mejor sería esperar hasta que se tome una decisión en la corte antes de aplicar los cambios”, dijo una vocera de ese ayuntamiento.

Y poco se ha logrado desde el ámbito legislativo. Una iniciativa (AB 335) de la asambleísta Cheryl Brown (D-San Bernardino) que pedía prohibir las incautaciones por 30 días si el auto se estacionaba en un lugar seguro o se entregaba a una persona con licencia, cedió a las críticas de jefes policiacos.

Uno de los opositores fue el titular de la Policía de Fontana, Rodney Jones, quien advirtió en una carta que elevaría la cantidad de “heridos y muertos por personas no capacitadas” para manejar.

Brown soltó la AB 335 y presentó en febrero la AB 2078, que plantea reducir el castigo de un mes a quince días, bajo ciertas circunstancias. “A menudo el costo de la recuperación de un vehículo es tan elevado que las familias pobres los abandonan” en los corralones, señaló la asambleísta.