Veracruz enfrenta a los dueños de “La Bestia”

El gobierno estatal quiere llevar a juicio a las empresas Ferromex y Kansas City Southern operadoras del tren que usan los indocumentados para llegar a la frontera con EEUU
Veracruz enfrenta a los dueños de “La Bestia”
Los indocumentados centroamericanos viajan a bordo de "La Bestia" para llegar a Estados Unidos.
Foto: Archivo/Gardenia Mendoza / La Opinión

México.- El gobierno del estado de Veracruz está “harto” de que se le responsabilice de los asesinatos, secuestros, extorsiones y bacanales de indocumentados que cruzan por su territorio sobre los trenes de carga propiedad de las empresas Ferromex y Kansas City Southern a las que quiere llevar a juicio.

Hasta el momento ninguna de las dos compañías que controlan el 90% de las casi 17,000 millas de vías férreas en el país ha respondido a las acusaciones que las autoridades del estado del sureste llevaron el lunes ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La versión del fiscal veracruzano, Luis Ángel Bravo, es que existen testimonios de que el personal operativo de los trenes reciben dinero a cambio de dejar subir a los malandrines, independientemente de que las compañías “no deberían” permitir a ninguna persona hacer un viaje inseguro y fuera de la ley.

Al tolerarlo, dijo, “están fomentando la migración ilegal”.

Es la primera vez que una autoridad en México hace frente a las compañías ferroviarias desde que se incrementó el flujo de indocumentados en 2006 y se agudizaron los ataques en contra de los inmigrantes, principalmente centroamericanos.

Los indocumentados viajan a través del tren llamado “La Bestia” para llegar atravesar territorio mexicano y llegar a la frontera norte, para después cruzar a Estados Unidos.

La denuncia va contra dos gigantes del transporte en México envueltos en constantes polémicas desde su privatización en 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo quien otorgó concesiones por 50 años a Kansas City Group (donde hoy trabaja) y Ferromex-Ferrosur.

La primera de capital estadounidense y la segunda en manos del controvertido Grupo México, propiedad de Germán Larrea, conocido como “El Rey del Cobre” por sus millonarias inversiones en la minería, con capital canadiense.

Defensores de los derechos humanos como el activista Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano (M3) solicitaron al gobierno de México “solucionar el problema de fondo” y no deslindarse de su parte de responsabilidad.

M3 promueve una “visa de transmigrante” por hasta seis meses para evitar los abusos en contra de la comunidad indocumentada, una propuesta aceptada en el congreso desde 2011,-cuando se creó la vigente Ley de Migración– pero descartada en el posterior reglamento.