Siguen abusos contra inmigrantes a 4 años de la SB1070

El abuso a los migrantes indocumentados continua en Arizona gracias a la SB1070
Siguen abusos contra inmigrantes a 4 años de la SB1070
Protestantes fueron a Phoenix para reclamarle a la Gobernadora Jan Brewer un día después de firmar la SB1070 como ley.
Foto: Archivo

Al cumplirse el cuarto aniversario de la firma de la controvertida ley SB1070, la comunidad inmigrante de Arizona continúa con la tarea de documentar abusos cometidos a la hora de aplicarla y así poder derrotarla por completo en la corte.

El 23 de abril del 2010, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley que lleva el nombre de “Apoye nuestras fuerzas del orden público y los vecindarios seguros”, mejor conocida como SB1070.

Inmediatamente tras su firma, la ley, una de las acciones más amplias y estrictas en contra de la inmigración indocumentada jamás aprobadas por un estado en el país, puso de inmediato a Arizona en el epicentro del debate migratorio.

La SB1070 criminalizó la presencia de inmigrantes indocumentados, y sancionó a cualquier persona que les diera albergue o los transportara, entre otras cosas.

Debido a ello, salieron cientos de manifestaciones en su contra a través de todo el estado, se inició un boicot económico en contra de Arizona y organizaciones civiles junto con el Gobierno Federal comenzaron una demanda legal.

Los críticos de la ley aseguraban que fomentaría la discriminación racial, mientras que sus defensores, encabezados por la gobernadora Brewer, aseguraban que era una respuesta del estado de Arizona ante el “fracaso” del gobierno federal por asegurar la frontera.

Así, el 29 de julio del 2010, un día antes de que entrara en vigor, la juez federal en Phoenix, Susan Bolton, suspendió algunas de sus cláusulas más controvertidas.

Durante los meses que siguieron, la lucha legal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde en junio del 2012 los magistrados anularon varias de sus secciones, pero mantuvieron con vida la sección 2(b) conocida por sus críticos como la regulación “muéstrame tus papeles”.

Esta sección otorgó a todos los departamentos policiales, por primera vez en la historia del estado, el derecho de cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechan” son indocumentadas y entregarlas al servicio de inmigración.

“Estamos viendo que en estos cuatro años los abusos en contra de los inmigrantes indocumentados son más fuertes, vemos que cualquier persona ahora se siente agente de la Patrulla Fronteriza”, dijo María Eugenia Carrasco, miembro de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona.

Carrasco indicó también que la comunidad está “dividida” porque de todos los males se les culpa a los inmigrantes.

“Estamos viendo a los trabajadores siendo explotados con mayor frecuencia, se les paga menos, porque tienen miedo de reportar abusos por partes de los patrones y sobre todo porque cada vez es más difícil encontrar un empleo”, aseguró la activista.

En su opinión, en ciudades como Tucson, en el sur del estado, las familias hispanas son el “blanco” de policías quienes los detienen bajo el “pretexto” de infracciones de tráfico para poder cuestionar su estatus migratorio.

“Si cumples con el “perfil”, el ser de color café y manejar un auto viejo, lo más seguro es que serás detenido”, aseguró.

Por su parte, la directora ejecutiva de Promesa Arizona, Petra Falcón, consideró que han pasado tanto cosas “positivas” como “negativas” tras la firma de la SB1070.

“Creo que uno de los logros más importante que hemos tenido es que primeramente ya no tenemos en la legislatura a Russell Pearce, quien impulsó esta legislación, también el poder del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, ha disminuido y fue encontrado culpable de infringir en perfil racial”, aseguró a Efe.

La activista consideró que el mejor legado que ha tenido la SB1070 es haber “despertado” al “gigante dormido” en Arizona, movilizando a la comunidad en la lucha por defender sus derechos.

“Desde la SB1070, hemos visto a más hispanos registrándose para votar y acudiendo a las urnas”, aseguró la activista.

Dos años después de la decisión de la Corte Suprema, la lucha legal en contra de la SB1070 continua, aseguró a Efe, Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

Esta semana, el máximo tribunal se negó a escuchar una apelación del estado de Arizona para terminar con la restricción de la sección que penalizaría a personas que alberguen o transporten indocumentados.

Mientras tanto, ACLU continúa comentando abusos civiles cometidos en contra de ciudadanos hispanos en nombre de la SB1070, casos que podrían servir para presentar en el futuro una nueva demanda en contra de la legislación.

El estado de Arizona recaudó aproximadamente 3.8 millones de dólares en donaciones para la defensa de la SB1070, pero ese dinero ya prácticamente está agotado.