La emergencia paramilitar

Los grupos paramilitares que emergen como resultado de la defensa que productores locales hacen de sus empresas son sólo un paliativo temerario
La emergencia paramilitar
Avanzan los grupos civiles armados en Michoacán
Foto: EFE

México

La contundencia de las cifras deja poco margen para interpretaciones prejuiciosamente aderezadas o subjetivamente acentuadas: para todo el año 2013 se reportan un total de 961 homicidios dolosos en el estado mexicano de Michoacán. De enero a marzo de este año, en esta misma región, el aumento de homicidios respecto a similar período del año pasado, tuvo un incremento de 55%, mientras que en todo México, como país, este tipo de delitos disminuyó en un 12%.

Como se sabe, esencialmente producto del problema de las drogas —en particular rutas de tráfico de estupefacientes que tienen por destino el millonario mercado de Estados Unidos— México y Centroamérica están naufragando en una espiral de violencia que va dejando poco margen de maniobra a las autoridades. Dramáticas repercusiones hacen que varias ciudades latinoamericanas tengan el triste posicionamiento mundial de estar entre las más violentas del planeta.

En efecto, en Honduras los homicidios han escalado hasta ser de 92 por cada 100 mil habitantes; en Venezuela de 54; en Belice de 43; en El Salvador de 41 y en Guatemala de 40. Y los más vulnerables, como siempre, son quienes subsisten en condiciones de pobreza total o extrema.

Para esos grupos poblacionales —–que llegan a ser más del 60% de la población en zonas rurales de México y Guatemala— no existen empleos o medios de subsistencia que garanticen oportunidades. Sin ello no pueden abastecerse de productos y servicios básicos y a partir de eso, se fortalecen las economías informales o subterráneas.

A ese escenario interno de un país como el México rural, se debe agregar la debilidad institucional del Estado. Las entidades públicas no cuentan con suficientes recursos como para imponer una presencia que sea eficaz y oportuna en la generación de servicios. Con ello, los grupos marginados están a la deriva.

En muchos casos, como una vía de escape, ocurre la migración a las ciudades, o la búsqueda empuja a tratar de obtener empleo al norte, en Estados Unidos, en donde no dejan de acechar los peligros en la frontera, la hostilidad del desierto, y las deportaciones récord que ha estado alcanzado la Administración Obama en lo que va de su gestión.

Es en todo ese escenario en el cual grupos de narcotráfico ven favorables condiciones para establecer operaciones. En primer lugar la potencia del norte con sus casi 35 millones de consumidores de drogas ilícitas representa el mercado natural a poder abastecer. La cifra exacta no se conoce. No se tiene mucho interés en la demanda, sino más bien en el castigo a la oferta.

En segundo plano se establece una integración en las cadenas de suministro desde la producción de estupefacientes, la que se origina desde el norte de Sudamérica. En tercera instancia, allí está el factor de gente que puede integrarse operativamente en las tareas más específicas —las que incluyen sicariato- a partir de no tener ningún empleo alternativo.

Pero, como era de esperarse, la violencia de los grupos de narcotraficantes se ha ido tragando dinámicamente a México. Se amenazan los procesos productivos, se establecen redes de extorsión como fenómenos complementarios y ante ello, los empresarios rurales responden llenando el vacío que el estado no ha podido completar en materia de seguridad ciudadana.

En esa encrucijada los productores locales, sobre todo aquellos que tienen más poder económico o bien agrupaciones de pequeños o medianos empresarios, arman sus propios grupos de defensa. En Michoacán se dice que han logrado contener al menos, el avance de narcotraficantes conocidos, entre otras bandas, como “Los Caballeros templarios”. Por el momento pueden ser medidas eficaces hasta cierto punto y pueden llegar a contar con el apoyo de la población.

Sin embargo, en la organización de estos grupos armados por productores locales, se cierne el riesgo futuro de un control esquivo. Esas mismas agrupaciones pueden establecer sus propias directrices. Los ejemplos están a la mano. El sangriento grupo de Los Zetas era el brazo armado de otra organización, por cierto incluyendo algunos elementos de ejércitos legales y de élite, tanto de México como de Guatemala.

Ya sea vía legal o ilegal, los grupos paramilitares que emergen como resultado de la defensa que productores locales hacen de sus empresas son solo un paliativo temerario. La solución no puede ser permanente, mientras el Estado demuestra una recurrente debilidad institucional. La gran amenaza en un futuro, que está allí, al voltear la página, es que esas agrupaciones paramilitares se vuelvan de por sí, empresas criminales; que nadie tenga control sobre ellos. Los escuadrones de la muerte en Brasil, El Salvador, Guatemala, el propio México y Colombia pueden atestiguarlo.