Residentes de Boyle Heights luchan por salvar sus viviendas

A este grupo de vecinos les preocupa su suerte ante proyecto de rascacielos en el lugar de sus apartamentos.
Residentes de Boyle Heights luchan por salvar sus viviendas
Leonardo López (izq.), Salvador Salinas y su esposa María son algunos de los 6,000 residentes en peligro de ser desalojados de Wyvernwood Garden.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

Cuando Rigo Amavizca pasó a pagar la renta del departamento que comparte con su madre desde hace 38 años en Boyle Heights se quedó sin habla, cuando la administradora le dijo que se preparara porque en cinco años tendría que desocupar.

“Después de haber vivido aquí toda mi vida, escuchar eso se siente bien ‘gacho’. Es como una sentencia de muerte”, dice Amavizca, cuya familia se mudó a vivir al departamento cuando él tenía apenas dos meses de nacido.

Su vivienda, le dijeron, será parte de la segunda etapa de demolición de las unidades, para dar paso a los rascacielos que se construirán sobre los 1,185 históricos departamentos Wyvernwood Garden, en los que habitan alrededor de seis mil personas.

El proyecto tiene el fin de edificar 4,400 departamentos de lujo para traer gente a Boyle Heights de más nivel económico. “Nos han dicho que habrá lugar para nosotros pero no es una promesa realista porque en un edificio nuevo no pueden mantener el control de rentas”, dice Amavizca.

Su madre, Rebeca Cano, y él pagan alrededor de 900 dólares al mes por un departamento de tres recámaras.

Leonardo López lleva cerca de 40 años viviendo en los Wyvernwood Garden. Es también presidente del Comité de la Esperanza, que han formado los vecinos para preservar las históricas viviendas edificadas en 1939 y evitar el desplazamiento. “Lo que más nos gusta de aquí es que hay mucha convivencia. Es como un pequeño pueblo dentro de una urbe. La gente está muy unida. Hacemos posadas en Navidad, celebramos el vía crucis, y hemos tenido campeonatos de futbol y voleibol”, dice López.

Lo que más le preocupa a Salvador y María Salinas, quienes viven con sus dos hijos en una vivienda de dos recámaras por la que pagan $980, es que sería muy difícil encontrar en la ciudad, un alquiler por ese monto. “Yo estoy discapacitado, sin poder trabajar. Mi esposa no tiene un empleo. Mis dos hijos menores están estudiando”, dice Salinas, mirando las piernas que tienen lastimadas y que apoya en unas muletas para caminar. Como muchas familias en Wynverwood ha colocado letreros en sus ventanas mostrando cuántos años llevan viviendo. Los Salinas dicen tener 35 años desde que se mudaron a este complejo habitacional.

Los concejales aún no han aprobado este proyecto de modernización.

Los desarrolladores The Fifteen Group han dicho que darán prioridad en la asignación de los nuevos departamentos, a los actuales residentes, con las rentas actuales.

Los residentes de Wynverwood son una pequeña muestra de la batalla que libran muchos angelinos de clase media y bajos ingresos por mantenerse bajo un techo a precio accesible.

“Los arrendatarios representan más del 66% de los residentes de la ciudad pero se enfrentan ante el problema de ser desplazados.

Por eso necesitamos encontrarles un alivio”, dijo el concejal Gil Cedillo en respuesta a una multitud de inquilinos que llegaron a la Alcaldía en busca de asistencia para resolver la crisis de los alquileres, más cuando hay una tendencia creciente de derribar los viejos edificios que han sido una opción de renta barata para las personas de bajos ingresos, y transformarlos en modernos condominios o casas.

Las solicitudes para convertir las unidades con renta controlada, aumentaron 40% entre 2012 y 2013 según el Departamento de Vivienda.

Lo que es más delicado es que por cada 100 familias de bajos ingresos, hay solo 17 unidades disponibles.

Cedillo dijo que la única manera de tener vivienda a precios razonables es asegurarse que haya subsidios. “Yo sigo trabajando con mis colegas en el Concejo para aumentar nuestro fideicomiso de vivienda accesible, pero la esperanza más importante es que haya más fondos federales para construir habitaciones a precios justos para las comunidades con altos niveles de pobreza”, dijo.

Estadísticas recientes del Departamento de Vivienda arrojaron que los angelinos con un ingreso mediano tienen que poner casi el 50% de su sueldo en su renta. Los indicadores sugieren que el máximo en este caso debe ser un 30%.