Critican deportaciones ‘fast track’ de EEUU

Esta no debe ser respuesta a una crisis humanitaria, afirman expertos
Critican deportaciones ‘fast track’ de EEUU
Si algún miembro de la familia corre el riesgo de ser detenido o deportado, conviene estar preparados.
Foto: Getty Images

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El anunciado “fast track” del proceso de evaluación y deportación de más de 52 mil menores y 39 mil adultos con menores que han sido detenidos en la frontera sur durante los últimos ocho meses entra en contradicción con los compromisos internacionales y domésticos de Estados Unidos de dar a estas personas una audiencia justa y un posible estatus de refugiado, indicaron observadores.

La reacción de parte de grupos de derechos humanos fue prácticamente unánime, luego que el subsecretario de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas, indicó este viernes que se aumentaría la respuesta “restrictiva” del gobierno, ampliando la capacidad de detención y usando más jueces y agentes de ICE para procesar sus casos.

“Esto permitirá a ICE el regreso de los migrantes ilegales (unlawful) de Centroamérica que reciben orden de deportación en forma más rápida”, dijo Mayorkas. El funcionario indicó también que estos jueces y agentes escucharían el reclamo de cada migrante, pero que “muchos individuos de Centroamérica no son elegibles para estas formas de protección (asilo)”.

Esta afirmación causó la voz de alarma entre observadores y grupos, al considerar que la aceleración de los procesos irá en detrimento de los casos de estos migrantes y causará la deportación de personas con solicitudes legítimas de asilo o estatus de refugiados.

“Esta es una crisis humanitaria, y el gobierno de Estados Unidos debe responder apropiadamente. Esto no incluye el encarcelamiento y la deportación expedita de las madres, padres y niños que huyen de la violencia”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC).

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Mientras unos días atrás funcionarios de la Casa Blanca como Cecilia Muñoz, directora de política doméstica, indicaron que se trata de una “crisis humanitaria”, la respuesta actual indica que están respondiendo más a las críticas de algunos sectores que a las necesidades de estas familias refugiadas, señaló Angie Kelly, del Centro para el Progreso Americano (CAP).

“Estimamos que este gobierno está a punto de hacer justicia estilo “drive by” y hacer una gran injusticia a estos refugiados”, dijo Kelly. “Estoy muy preocupada y creo que este gobierno está haciendo concesiones que dañan el proceso justo de las personas que tienen un miedo legítimo de persecución”.

La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas estima que un 58% de estos migrantes podrían calificar para su protección como refugiados. Otro estudio de Vera Institute for Justice, una organización no lucrativa o gubernamental señala que al menos 40% podrían ser elegibles para un estatus de refugiados cuyo temor de regresar a su país es legítimo.

Bill Hing, experto en asilo y profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco, expresó que el gobierno federal “debería ir con más calma y realmente considerar los derechos de estos niños”.

“Tenemos una responsabilidad bajo la ley humanitaria internacional y esto incluye el proceso de asilo. Si son 10 ó 10 mil no es la cuestión, tenemos la obligación de ofrecerles un proceso justo y protección si califican a ella”, dijo Hing. “Estamos hablando de seres humanos”.

Hing indicó que los tribunales de asilo de Estados Unidos han sido lentos en considerar las amenazas de maras y grupos narcotraficantes como una razón para casos de asilo, pero que las leyes claramente protegen estos casos. “Si huyen de la violencia, si hay pandillas y drogas y si una persona tiene miedo de un grupo que el gobierno no puede controlar, eso es suficiente para calificar como grupo social”, dijo Hing.