Activistas condenan uso de fondos para deportar a familias con niños

Reporte especial Niños migrantes: Solo $15 millones se han pedido para ayudar a niños migrantes en proceso de deportación
Activistas condenan uso de fondos para deportar a familias con niños
Activistas apoyan y condenan a Obama por mal uso de fondos.
Foto: Getty Images

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WASHINGTON, D.C.— Activistas de la comunidad inmigrante aplaudieron este martes que la Administración Obama esté pidiendo más fondos al Congreso para atender la crisis humanitaria en la frontera sur, pero condenaron en concreto que parte de ese dinero sea utilizado para agilizar las deportaciones de familias y niños indocumentados.

La Casa Blanca, presionada por grupos a favor y en contra de una reforma migratoria, envió al Congreso una solicitud de $3,700 millones en fondos suplementarios para responder de forma integral a la crisis causada por la llegada de decenas de miles de familias y niños indocumentados a la frontera sur.

La petición, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, ya ha suscitado reacciones de grupos de todo el espectro político sobre cómo frenar la inmigración ilegal en el país.

Grupos progresistas, como Casa de Maryland, United We Dream y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), en general dieron la bienvenida al paquete de ayuda, pero advirtieron del efecto negativo de algunas de las prioridades para agilizar la deportación de quienes han venido huyendo de la violencia en Centroamérica.

Lorella Praeli, directora de abogacía de “United We Dream”, consideró que si bien estos recursos ayudarán a dar un trato “humano” a la situación en la frontera, las autoridades no deben abandonar a las familias y niños que atraviesan la crisis humanitaria en la frontera.

A Praeli le preocupa en particular que del total de fondos solicitados, $879 serán usados para “expandir la capacidad del gobierno para deportar a familias con niños que han entrado por la frontera”.

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Además, la Casa Blanca solo ha pedido $15 millones para ayudar a los niños migrantes en proceso de deportación, y en cambio busca $45 millones para ampliar los trámites en los tribunales de Inmigración mediante videoconferencias.

“Estas partes en particular ponen en riesgo el debido proceso de estos niños y ponen en peligro a personas que huyen de la violencia y persecución en sus países”, advirtió Praeli.

Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, condenó que la Casa Blanca aún mantiene planes de pedir un cambio legislativo en una ley de 2008 que garantiza a los niños centroamericanos el debido proceso y una audiencia ante un tribunal de Inmigración para escuchar sus casos.

La modificación de esa ley promulgada por el ex presidente George W. Bush en 2008, en principio, ayudaría a agilizar las deportaciones.

“Es totalmente inaceptable que una Administración demócrata no tenga en consideración las condiciones que obligan a muchos de estos niños a huir de sus países: el incremento de la violencia, la pobreza, y las políticas erróneas de EEUU con respecto a Centroamérica. Esta Administración tiene que analizar cuidadosamente lo que está pidiendo”, dijo a La Opinión Torres.

Ali Noorani, director ejecutivo de NIF, aplaudió que Obama reconoce “la necesidad del debido proceso y una respuesta humana” a la crisis, pero expresó consternación de que “una gran parte de los fondos se use para ampliar” los centros de detención, e insistió en la búsqueda de métodos alternativos y menos costosos a la detención.

“Necesitamos soluciones reales, bipartidistas y de largo plazo a nuestro maltrecho sistema de inmigración, más allá de los próximos 15 meses”, enfatizó.

Pero grupos conservadores, como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), consideran que el único elemento disuasorio contra la inmigración ilegal sería la deportación de todos los indocumentados.

Para Steve Camarota, de CIS, la violencia y pobreza en la región no son sinónimo de “persecución”, uno de los requisitos para solicitar asilo o estatus de refugiado en este país.

Del total de fondos, más de $1,000 millones se usarán para la vigilancia fronteriza, y el traslado y expulsión de adultos con niños, aunque también se destina dinero a la contratación de más jueces de Inmigración.

El Comité de Asignaciones del Senado tiene previsto programar una audiencia para estudiar la solicitud, al igual que su similar en la Cámara de Representantes.