Aguirre, un gobernador en el banquillo de acusados

Muchos acusan a Ángel Aguirre y piden su renuncia luego de las muertes y desapariciones forxzadas ocurridas en Iguala
Aguirre, un gobernador en el banquillo de acusados
Familiares de estudiantes desaparecidos en Iguala marchan reclamando justicia.
Foto: Gardenia Mendoza

CHILPANCINGO.- Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa piden “la cabeza” del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, su renuncia, como un primer paso en la justicia por los seis muertos y 43 desaparecidos en medio de una lista de agravios.

“Asesino”, lo nombran en público y en privado. En mantas que encabezan marchas y con bocina en mano, alumnos, activistas, trabajadores e intelectuales locales.

“El sentir general es que no nos merecemos este mal gobierno, que en nuestro estado hay gente capaz y honesta que podría ayudar a salir a la gente de la pobreza en lugar de tapar los problemas con la represión”, resumió Raúl Caballero, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero.

“Él permitió la matanza, sabía lo que pasaba en Iguala con los asesinatos porque se hicieron denuncias oficiales y no investigó a nadie”.

Las autoridades localizaron narcofosas donde hallaron cerca de 30 cadáveres, cerca de Iguala en el estado de Guerrero. Foto: Archivo.

Aguirre, de 58 años, y oriundo de Ometepec, tiene una larga lista de acusaciones.

De permitir que Acapulco se convirtiera en el lugar más violento del país como alcalde del puerto, de encubrir al ex gobernador Rubén Figueroa en la matanza de campesinos de Aguas Blancas y de ordenar el desalojo de la Autopista del Sol en diciembre de 2011 que terminó con otros dos estudiantes de Ayotzinapa muertos.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (policías indígenas) lo señala como autor intelectual de los crímenes contra los activistas Raymundo Velázquez y Miguel Ángel Solano; Arturo Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román de Unidad Popular en Iguala; y de Rocío Mesino de la OCSS.

De los ecologistas Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, de Ascencio Villa y Javier Torres Cruz, de la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista; el asesinato de los líderes mixtecos de Ayutla de los Libres, Raúl Lucas y Manuel Ponce, y hasta del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, entre medio centenar de ejecuciones.

Además, de encarcelar a Nestora Salgado (ciudadana estadounidense), Arturo Campos, Gonzalo Molina González, Marco Antonio Suastegui, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Samuel Ramírez Gálvez, por formar grupos de autodefensa.

“Siempre ha querido deshacer a la Policía Comunitaria por eso la infiltró y la dividió en dos grupos y luego le dio dinero al que se puso de su lado”, describió Valente Hernández, uno de los abogados de la CRAC.

El gobernador dijo en días pasados que si su renuncia servía para esclarecer los crímenes contra los estudiantes renunciaría. “Qué está esperando”, dijo Juan José Bellodicio, quien libro la muerte a rastras, pero vio caer a tres muchachos, sus compañeros.

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